SANTIAGO.- Probablemente, si Óscar López Rodríguez, el anticuario que decapitó a una profesora el pasado 12 de junio en la localidad de Lolol, estuviera vivo, habría sido enviado a un tribunal de Garantía y diagnosticado con alguna patología psiquiátrica como muchos profesionales del área han señalado.
En caso de haber sido hallado inimputable, pero un peligro para la sociedad (como evidentemente lo era) y para sí mismo, habría sido enviado al Hospital Psiquiátrico Filip Pinell de Putaendo o a algún otro recinto de ese tipo de la red de psiquiatría forense del Ministerio de Salud, que cuente con vigilancia perimetral de parte de Gendarmería.
Si hubiese sido declarado imputable, a pesar de padecer problemas mentales, habría sido enviado a la sección para reclusos con esa condición en la cárcel más cercana al lugar en que cometió los macabros homicidios.
Esas son las opciones que hoy tiene una persona que comete un delito y que a la vez padece problemas psiquiátricos, según explicó a Emol el jefe médico de Gendarmería, el doctor Gastón Rodríguez.
De acuerdo a estadísticas de la institución, en Chile hay 210 personas con problemas mentales que se encuentran internados en un recinto penal, de los cuales 132 cumplen una condena efectiva de privación de libertad y 78 están siendo investigados por algún delito.
El doctor Rodríguez señala que la mayoría de los recintos penales del país cuentan con un espacio para enfermos mentales, lo que se ve apoyado por los que tienen las nuevas cárceles concesionadas, ya que todas cuentan con uno.
La mayoría de los reclusos con estas patologías están en el sector denominado "Calle 15" de la ex Penitenciaría de Santiago, que cuenta con un equipo de profesionales de la salud especializado en la materia, que se preocupa de que se mantengan las condiciones básicas de habitabilidad.
"Se les envía a ese lugar para mantenerlos monitoreados, bajo control y evitar que los otros internos abusen de ellos", señala el profesional.
Allí se les entrega un tratamiento terapéutico y farmacológico cuando se presentan cuadros como por ejemplo descontrol de personalidad, síntomas depresivos, trastornos bipolares y cuadros ansiosos, entre otros.
Casos no detectados
La socióloga y especialista en criminología de la Universidad de Chile, Doris Cooper, quien ha recorrido todas las cárceles del país, señala que si bien existen estos espacios en los recintos penales, hay una gran cantidad de internos que tienen problemas mentales, pero que no han sido diagnosticados debido básicamente a que son pobres y nunca han ido a un médico especialista.
"Son los que más sufren porque están mezclados con la población penal, que comete abusos contra ellos", asegura.
La profesional agrega que a los más agresivos, por ejemplo, "los usan como 'perros bomba', que son los reos que son mandados a matar a otro recluso. O también los violan cuando son sicópatas sexuales, porque la ley del hampa es muy dura con ese tipo de personas".
Red de apoyo
El doctor Gastón Rodríguez aclara que los tratamientos para este tipo de reclusos es sólo mientras la persona cumple su pena. ¿Pero qué pasa después?
El profesional sostiene que una vez que llega al límite de su cumplimiento, el reo tiene tres opciones: la primera es la comunicación que Gendarmería establece con su familia para que éste siga el tratamiento en un recinto hospitalario.
La segunda opción es que alguna Organización No Gubernamental (ONG) se haga cargo de la persona para que continúe su tratamiento.
Pero si no hay familia ni institución que se pueda hacer cargo, el recluso con problemas mentales vuelve a la calle donde seguramente se convertirá otra vez en un peligro para la sociedad, ya que generalmente no sigue los tratamientos, por lo que la mayoría de las veces reincide y vuelve a algún recinto penal.
La socióloga Doris Cooper asegura que la situación actual de los reclusos con problemas mentales que no son detectados generan una serie de problemas no sólo entre la población penal, sino que también entre los funcionarios de Gendarmería.
Asegura que ese tipo de situaciones somete a un gran estrés y carga de trabajo a los efectivos, por lo que sugiere que los tribunales y abogados cuenten con un equipo de salud mental para detectar previamente a los imputados con patologías psiquiátricas.
También propone la creación de un hospital psiquiátrico-cárcel con el personal especializado y suficiente para atender a los internos con esas patologías.
A su juicio éste debería ser financiado por el Estado y estar ubicado fuera de la ciudad con el fin de que los reclusos se encuentran en un entorno de tranquilidad.