SANTIAGO.- La muerte del cabo Cristián Martínez Badilla (27), tras ser baleado en momentos en que trataba de impedir un saqueo a locales comerciales en Quilicura, el pasado 11 de septiembre, volvió a poner en el centro del debate la violencia que afecta a los funcionarios de Carabineros.
Tras dos años en que desde distintos sectores políticos se ha cuestionado a la fuerza pública por su accionar frente a las movilizaciones y las protestas, el crimen del efectivo cambió el foco, al menos, por este mes.
Se abordaron temas como seguridad de los funcionaros en las calles y sus derechos humanos, y el significado que tiene para el país el asesinato de un carabinero en un Estado de derecho.
Más de mil mártires
En ese contexto, parlamentarios de la UDI propusieron un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes agreden a la policía uniformada. Sin embargo, fueron criticados por comentar que en otros países, incluso, arriesgan pena de muerte quienes asesinan a un policía (sanción impracticable en Chile por su derogación en 2001).
Sin embargo, que el debate surja con tal fuerza hoy resulta contradictorio, ya que hechos como éstos se vienen repitiendo en el último tiempo. Un informe publicado por "El Mercurio" en abril de este año arrojó que uno de cada tres carabineros muertos en "Actos de servicio" ha perdido la vida combatiendo a la delincuencia.
Es decir, 354 de los 1.156 mártires de la institución ha muerto en circunstancias similares a las del cabo Martínez, como queda reflejado en este recuento con los últimos casos de alto impacto.
Cabo Moyano: A la espera del juicio oral
"Tengo un sentimiento de mucho dolor por la muerte del cabo segundo Luis Enrique Moyano Farías, quien murió en un acto heroico, cumpliendo con su deber... cuando alguien dispara contra Carabineros de Chile se está disparando contra Chile".
Con estas palabras, la ex Presidenta Michelle Bachelet lamentó la muerte del cabo Moyano, que fue baleado en octubre 2007 por asaltantes que habían robado una sucursal del banco Security, en el centro de Santiago.
Tras mantenerse prófugos, los ex lautaristas Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega fueron capturados como autores de este delito y se aprontan a enfrentar un juicio oral, cuya preparación ha provocado polémica luego que el juez Patricio Álvarez decidiera excluir como prueba un set de fotos del momento exacto del crimen, tomadas desde un celular por un testigo, argumentando "impertinencia".
El magistrado sostuvo que no está acreditado el origen de las imágenes, por lo que no pueden ser presentadas como medio de prueba, ya que el autor de las tomas nunca quiso declarar. Antes de que empiece el juicio, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse por la exclusión de las instantáneas.
La ejecución del 12 de febrero
Tampoco hay que remontarse mucho en el tiempo para recordar la despiadada muerte que encontraron los cabos Job Isaías Burgos y Carlos Patricio Cuevas. De frente y sin oponer resistencia, la noche del 12 de febrero de 2008 recibieron una ráfaga de disparos cuando intentaban repeler un asalto a un frigorífico de Helados Trendy, en Quilicura.
Cuando los carabineros se acercaron al lugar los delincuentes ya los estaban esperando, parapetados en un sitio eriazo que colinda con el frigorífico: descargaron más de 10 tiros de bala, con armamento largo y corto en contra de los uniformados.
Fueron impactados estando sentados en el vehículo policial de manera sorpresiva. No tuvieron reacción. Además, una vez caídos, los delincuentes se acercaron al vehículo y retiraron sus cuerpos. Uno de ellos habría rematado en el piso al cabo Burgos.
Francisco Vidal, ex vocero de Gobierno, condenó el ataque y envió un mensaje a los criminales. "Ojalá los sequen en la cárcel", dijo. Respecto del crimen, uno de los imputados, Felipe Mendoza, dijo que dispararon porque "eran ellos o nosotros".
El cabo sin casco antibalas
El 11 de septiembre de 2007 también tuvo un trágico desenlace para Carabineros. Esa noche, mientras ayudaba a controlar disturbios en el sector Pudahuel Sur de Santiago, perdió la vida el cabo Cristián Vera al recibir una bala en la cabeza.
La justicia determinó que el autor del disparo fue Eduardo Espinoza Bórquez (23), quien recibió una pena de 10 años de cárcel, aunque posteriormente la Corte Suprema condenó al fisco a pagar una indemnización de $75 millones a Elizabeth Moris Amaya, pareja del uniformado.
En fallo unánime, se determinó "responsabilidad del Estado" por este hecho, ya que no se otorgó los elementos de seguridad adecuados a sus funcionarios. La noche en que Vera fue baleado, los efectivos de su unidad salieron a la calle resguardados por un chaleco antibalas. Sin embargo, usaron cascos antidisturbios en vez de antibalas, "lo que habría protegido en los mismos términos que el chaleco antibalas".
Emboscada en la IX Región
La violencia La Araucanía alcanzó mortalmente al sargento segundo de Carabineros Hugo Albornoz, abatido por un disparo en el cuello en medio de un allanamiento en la comunidad Wente Winkul Mapu, comuna de Ercilla.
Un contingente policial llegó al lugar el 2 de abril, en el sector de Chequenco, para investigar los ataques sufridos por el agricultor Juan de Dios Fuentes en octubre de 2011. La policía señaló que al finalizar el operativo, un grupo de 20 encapuchados disparó en contra de la caravana del fiscal de Collipulli, Luis Chamorro, siendo Albornoz alcanzado por una bala.
Para Carabineros, el Gobierno y el Ministerio Público, se trató de una emboscada. Esta versión es rechazada por la comunidad Wente Winkul Mapu, asegurando que el sargento fue alcanzado por el tiro de un compañero. La investigación sigue abierta.
Albornoz fue sepultado en Victoria tras un masivo cortejo fúnebre, que convocó a unas 700 personas. "Pido de todo corazón a todos nosotros, somos todos chilenos, somos todos de una misma patria, querámonos, respetémonos, somos todos iguales", dijo entre sollozos Teresa, su hermana mayor.