Senadora Allende valora decisión de la Corte de Apelaciones de revisar licitación del litio

SANTIAGO.- La senadora del PS, Isabel Allende, valoró este miércoles la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger el recurso de nulidad presentado por la oposición para detener el proceso de licitación del litio impulsado por el Gobierno, el cual determinó la concesión del mineral a la empresa Soquimich.

Luego de conocer la determinación de la justicia ante la petición que realizó junto a los senadores Ximena Rincón (DC), Juan Antonio Gómez (PR), Mariano Ruiz Esquide (DC), Pedro Muñoz (PS) y Jaime Quintana (PPD), la legisladora socialista insistió en que la licitacíón el recurso natural es "ilegal", ya que debe ser decidida a través el parlamento.

Al respecto, la parlamentaria señaló que “como lo hemos venido reiterando, todas las minas son propiedad del Estado y las concesiones a privados están permitidas, con excepción de aquellos minerales que han sido declarados como estratégicos. Este es el caso del litio, que en un Decreto Ley de 1979 fue declarado no concesionable y estratégico, y si es que el gobierno quería realizar esta concesión, debiera haber recurrido al parlamento".

La Presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado criticó además que "en esta adjudicación no hay una asignación concreta, y en este caso Soquimich podría explotar donde quiera. Tampoco se le impone obligaciones específicas e incluso la empresa puede permanecer inactiva, cuando la lógica de este tipo de contratos es que el interés del Estado está en que el socio haga algo concreto".

"En este caso, el gobierno pretende que se satisface el contrato solo con el hecho de recibir el 7 % de las utilidades, lo que no alcanza a satisfacer el requisito de sinergia público-privada que está en la base de los contratos especiales de operación", explicó.

Según Allende, "nos encontramos frente a un vicio legal, denominado desviación de fin, al tomar normas y usarlas para un propósito distinto. Se está pasando a llevar la finalidad del decreto. El Decreto Supremo 16, de mayo de 2012, no está de acuerdo con la ley ni con la Constitución. Es ilegal", concluyó.