10% de cocaína incautada en un año se perdió antes de ser incinerada

SANTIAGO.- Si bien la detención de la funcionaria del Servicio de Salud, Viviana Vega (quien cayó junto al ex sargento del OS-7 Luis Contreras por comercializar marihuana destinada a quemarse), generó alerta sobre el proceso de destrucción de la droga incautada en el país, el tema ya estaba instalado desde hace varios meses en unidades investigativas y el Ejecutivo.

Es más, ya cifras recopiladas de 2010 indicaban que cerca del 10% de las drogas duras decomisadas (cocaína y pasta base de cocaína) no llegó hasta el proceso final de destrucción, según informó "El Mercurio" en su edición de hoy (acceso con registro).

De hecho, la estadística que se encuentra en la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica que en ese año se incautaron 2.808 kilos de cocaína y 7.127 de pasta base (9.935 kg en total de los dos tipos). Y de acuerdo a los números manejados por quienes trabajaron en el tema, ese año sólo llegaron hasta el Servicio de Salud o el ISP en total (pasta base y coca) 8.860 kilos de ambas drogas y se quemaron 8.769. Es decir, hay una diferencia entre lo que se confiscó y destruyó de más de una tonelada (1.166 kg).

Ya en ese tiempo se pudo apreciar que pese a que el análisis y quema de droga está normado por los artículos 41 y 43 de la Ley 20.000 de drogas (que establecen tiempos y fracciones de las sustancias destinada a análisis), no había protocolos claros que contemplaran mecanismos de control sobre la destrucción eficiente y controlada de coca, pasta base, marihuana y precursores químicos.

Por lo mismo, en los ministerio de Interior y Salud se comenzó a trabajar en 2011 un protocolo, el que aún no está operativo. El documento, al que accedió El Mercurio, entre otras cosas deja de manifiesto algunas deficiencias del sistema. Entre ellas destaca que varios servicios de salud queman la droga en sitios eriazos, los lugares de almacenaje no cuentan con estándares de seguridad mínimos y los pocos o nulos chequeos para verificar cumplimiento de las cadenas de custodia. Además los traslados de las sustancias desde el centro de acopio hasta el lugar de incineración contaban con bajos niveles de protección.

Una parte del problema buscó ser solucionado con la compra de tres incineradores portátiles, lo que fue impulsado luego de conocerse del robo de cerca de 100 kilos de marihuana del Cementerio General que iban a ser destruidos allí. Dos de ellos fueron destinados a Arica y Antofagasta. El tercero a Santiago, pero el propio subsecretario Rodrigo Ubilla señala que este último aún no funciona del todo.