Asociación de magistrados rechaza la reforma al sistema procesal anunciada por Piñera

SANTIAGO.- La Asociación Nacional de Magistrados expresó su rechazo a los anuncios dados a conocer la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera, tendientes a realizar "una reforma a la reforma procesal penal".

Los jueces manifestaron su "absoluto desacuerdo con las declaraciones del Presidente de la República y del ministro de Justicia, expresadas el día 11 del presente, donde anuncian un proyecto de ley de reforma al proceso penal e indican como uno de sus ejes el aumento de los controles a los jueces de garantía".

En una declaración redactada tras concluir la 40ª Convención Nacional llevada a cabo este fin de semana en Talca, la asociación sostuvo que "un anuncio de esa índole puede inducir a error a la opinión pública, al instalar la idea de que los jueces penales no cuentan con mecanismos adecuados para controlar sus decisiones, en circunstancias que la Constitución y la ley vigentes si consideran medios de impugnación concretos que procuran evitar el error judicial".

El comunicado continúa señalando que "en efecto, nuestro sistema jurídico contempla un conjunto de recursos procesales para dicho fin, única vía legítima de modificar el sentido de las resoluciones judiciales en un Estado de Derecho, sin perjuicio de las responsabilidades funcionarias y políticas en que pudieren incurrir".

"Sabemos que en democracia las instituciones públicas están sometidas a un constante escrutinio de parte de la ciudadanía, en razón del ejercicio que realicen de sus funciones estatales, por ello resulta fundamental que la información no se distorsione en procura de una opinión determinada. En consecuencia, los representantes de los órganos estatales deben ser cuidadosos al momento de manifestar sus puntos de vista respecto del quehacer de otras entidades públicas, en especial si ellas son concebidas constitucionalmente como poderes independientes", añade.

Los magistrados también señalan que no pueden aceptar ataques puntuales de otras autoridades a las funciones jurisdiccionales soberanas, "sobre todo si éstos denotan el propósito de trasladar a los tribunales las responsabilidades vinculadas a la investigación de delitos y a la persecución penal, toda vez que los jueces resuelven de acuerdo a los antecedentes que los intervinientes les proporcionan en el proceso, con absoluta imparcialidad y con sujeción a la ley".

Finalmente, la asociación sostiene que aún cuando es facultad del Ejecutivo presentar los proyectos de ley que estime pertinentes, "una reforma como la anunciada no puede ser fruto de la improvisación y requiere de un adecuado estudio, con datos empíricos serios, participación de todos los actores del proceso penal, sin afectar sus principios fundamentales y sin que signifique un retroceso desde el punto de vista de los derechos y garantías de las personas".