Caso Clarín: Ciadi falla a favor de Chile y anula pago de US$10 millones

SANTIAGO.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, aceptó el recurso de nulidad presentado en el año 2010 por el Gobierno de Chile respecto a la sentencia que en el 2008 había condenado al país al pago de 10 millones de dólares a los demandantes Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende.

Dicho fallo estaba fundado en un supuesto trato indebido otorgado por el Estado atendida la dictación de un acto administrativo y en relación con sus alegaciones sobre la propiedad de una máquina impresora y no en la confiscación de los bienes del diario "El Clarín" en el año 1973, como alegaron inicialmente los demandantes.

"Es un gran triunfo para nuestro país y un logro para nuestro Gobierno que luego de más de una década de tramitación, en uno de los juicios internacionales más largos e irregulares en la historia del centro arbitral, el Ciadi haya validado los argumentos de la defensa chilena", afirmó el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Matías Mori, abogado que estuvo a cargo de la defensa de los intereses del Estado en este caso.

De este modo termina el procedimiento que se inició en 1997 con la solicitud de arbitraje presentada por Víctor Pey Casado y la fundación española Presidente Allende, debido a la confiscación del diario "El Clarín" en 1973.

La demanda inicial interpuesta por los demandantes, solicitaba una indemnización por un monto ascendente a 515 millones de dólares, que luego fue aumentado mediante recurso de revisión a 797 millones de dólares. La defensa chilena limitó el monto de dicha indemnización a 10 millones de dólares y posteriormente solicitó la nulidad del fallo condenatorio, la cual fue acogida por el tribunal internacional.

"Estamos muy satisfechos, ya que después de un largo y complejo proceso, el Ciadi ha llegado a la conclusión de que la sentencia condenatoria en contra del Estado de Chile carecía de fundamentos suficientes para exigir el pago de una indemnización por parte de nuestro país", afirmó el abogado.

El profesional agregó que "Chile es uno de los destinos preferentes para la recepción de inversiones extranjeras, gracias a su respeto por el estado de derecho y protección de los inversionistas, lo que ha sido reafirmado por la decisión de este importante tribunal internacional".

Finalmente, Matías Mori agradeció a los equipos técnicos por la colaboración en la defensa de los intereses del Estado, que fueron coordinados por los abogados Paolo Di Rosa, del estudio jurídico Arnold & Porter, y por Jorge Carey y Gonzalo Fernández, ambos del estudio jurídico Carey, quienes asesoraron ad honorem al Estado de Chile.

Derrota de Joan Garcés

Según explicó en "El Mercurio" en 2010, Jorge Carey, coordinador de la defensa legal chilena, "en noviembre de 1997, Pey y la Fundación Presidente Allende de España -controlada, en los hechos, por Joan Garcés, el abogado de Pey-, presentaron ante el Ciadi en Washington una demanda arbitral pidiendo US$ 515 millones en compensación por esa confiscación (del diario 'El Clarín')".

"Pey -agregó- actuó en su supuesta calidad de dueño del 10% de los derechos litigiosos y esa fundación en su supuesta calidad de cesionaria del 90% de esos derechos, calidades que nunca han sido reconocidas por ningún gobierno chileno. Luego de un procedimiento extraordinariamente largo y muy politizado, el tribunal arbitral emitió en mayo de 1998 un fallo inapelable concediendo a los demandantes una indemnización de sólo US$ 10 millones, más intereses y costas".

Carey recordó que los demandantes, "insatisfechos con ese monto, presentaron un recurso de revisión ante el mismo tribunal, solicitando, esta vez, la inusitada cifra de US$ 796 millones. Este recurso de revisión fue unánimemente rechazado en noviembre de 2009, mediante una decisión breve y categórica en la que los árbitros dejaron de manifiesto su descontento frente al recurso y condenaron en costas a los demandantes".

Hoy, el litigio llegó a su fin. Este juicio, además, era el único vigente contra el Estado de Chile ante el Ciadi.