Magisterio calcula en más de mil los docentes que perderían su trabajo por cierre de escuelas

SANTIAGO.- Ante las últimas informaciones que revelan que cuatro municipios (Valparaíso, La Florida, La Cisterna y San Fernando) barajan el cierre de establecimientos educacionales, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, indicó que son cerca entre 1.000 y 1.500 los docentes que perderían su trabajo.

"Estamos hablando de 1.000, 1.500 profesores junto con auxiliares que quedan en una situación complicada", indicó Gajardo, quien aseguró que este caso "es una de las consecuencias que hemos criticado de la política educacional de mercado".

El presidente del Magisterio sostuvo que, con estas decisiones, los profesores "quedan a la intemperie, con problemas de reubicación, porque la ley obliga a los sostenedores a reubicar a los alumnos, pero nada dice de los docentes a contrata o funcionarios que estén ahí, entonces ellos quedan en una situación bastante desvalida".

"Ahora, nosotros entendemos que esto es producto de la competitividad que hay  y una gran cantidad de colegios se cierra porque ya es insolvente", agregó. 

Gajardo, junto el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Romilio Gutiérrez (UDI), se reunieron con el superintendente de Educación, Manuel Casanueva, para tratar esta problemática, donde acordaron la importancia de realizar un proceso transparente a la comunidad.

En esa línea, Romilio Gutiérrez sostuvo que "nosotros creemos que este debe ser un debate abierto a la comunidad con mucha transparencia, donde se entregue toda la información a la comunidad educativa de manera que no sea sorprendida a último minuto con el cierre de un establecimiento educacional y de esa manera pueda anticipar de los posibles efectos negativos que tiene una medida de esta naturaleza tanto en los funcionarios como en las propias familias y alumnos".

Por su parte, el superintendente Casanueva explicó que existen dos formas de cierre: una es mediante las sanciones de revocación de reconocimiento del Ministerio de Educación, o por la decisión voluntaria de los sostenedores, como es el caso de los municipios.

En este caso, explicó que es legal este tipo de cierre, pero se debe hacer de forma informada y transparente, donde lo importante "es informar cuanto antes a las comunidades escolares".

"La ley dice que hay que informar en noviembre (de los cierres), pero claro, diría yo que nunca es suficiente afirmación para que a uno le avisen que el establecimiento no debe seguir al año siguiente", sostuvo.

Respecto a la reubicación de los alumnos, recalcó que esta es responsabilidad de los sostenedores, por lo tanto, en este caso son los municipios quienes deben realizar esta labor.