La autoridad tradicional mapuche detenida.
El MercurioSANTIAGO.- El argentino indocumentado Facundo Jones sería uno de los tres autores del ataque incendiario que terminó con una vivienda destruida en el fundo Pisu Pisué de Río Bueno. El trasandino fue capturado junto a otras cinco personas este miércoles en la región de Los Ríos por personal de la PDI.
Las otros sospechosos de participar en el siniestro intencional son Fennix Delgado y Cristian García, quienes el 9 de enero habrían ingresado al predio a rostro cubierto y con ropas de tipo militar.
Estos antecedentes fueron revelados por el fiscal regional Rafael Mera y fiscal de la causa Sergio Fuentes, en la audiencia que se prolonga desde las 16:20 horas en el Juzgado de Garantía de Río Bueno.
El resto de los detenidos -Tito Cañulef, Alexis Bahamondes y la machi Millaray Huinchalaf-se les atribuye el delito de encubrir a los autores del atentado incendiario.
Además, los fiscales formalizaron investigación por tenencia ilegal de armamento de fuego y municiones en contra de los seis imputados, a raíz de que durante las diligencias hechas este miércoles, se hallaron una escopeta artesanal y dos pistolas a fogueo.
Antecedentes
Dentro de los antecedentes ventilados en la audiencia de formalización, se informó que Millaray Huinchalaf visitó al menos durante seis veces al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, en la cárcel de Angol.
También se revisaron las declaraciones de las personas que fueron obligadas a salir de la casa siniestrada en Pisu Pisué, los que denunciaron que los encapuchados los apuntaron con armas de fuego en la cabeza. Tras esto, rociaron la vivienda con combustible y percutaron tres tiros al aire.
Se indicó que las ropas militares que fueron decomisadas en los allanamientos, fueron reconocidas por las víctimas, quienes estiman que eran similares a las que ocuparon los sujetos que atacaron el fundo.
El procedimiento judicial entró en receso a las 18 horas y falta que la Defensoría Penal Pública entregue sus antecedentes de la causa, para la cual la fiscalía exige prisión preventiva para los seis imputados, por considerar un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas del incendio la libertad de los detenidos.