Beyer pide al CDE iniciar acciones para que dueños de U. del Mar asuman gastos por cierre

SANTIAGO.- El ministro de Educación, Harald Beyer, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que presente acciones legales en contra de los controladores de la Universidad del Mar, con el propósito de que éstos se hagan cargo de cubrir los altos costos que implica el cierre del plantel.

Además de los perjuicios para los estudiantes, el proceso de cierre de la Universidad del Mar implica un alto costo para el Fisco, ya que el Estado debe hacerse cargo, entre otros puntos, de reubicar a más de 8 mil alumnos en otras instituciones.

Por este motivo, Beyer se reunió hoy con el presidente del CDE, Sergio Urreloja, a quien planteó evaluar la presentación de acciones, tanto civiles como penales, contra los dueños de la universidad por su responsabilidad en la mala administración. Esto con el fin de traspasarles los costos del proceso y resguardar así las arcas fiscales.

El ministro explicó que con esta medida intentan "cautelar el interés del Estado". "El Estado va a tener que invertir en apoyar a los estudiantes y nos interesa que esos recursos sean cautelados y se restituyan", sostuvo la autoridad.

"Los controladores son los responsables de esta situación y, por lo tanto, no tiene por qué el Estado incurrir en todos los gastos. Los controladores tienen que ser perseguidos para restituir todos los costos que esto signifique", subrayó.

En tanto, el presidente del CDE precisó que el ministerio les enviará un detalle de los gastos y analizarán los antecedentes para determinar si pueden iniciar acciones en ese sentido.

En la oportunidad, el ministro Beyer informó que la Contraloría ya tomó razón del decreto de cierre de la Universidad del Mar y lo derivó al Ministerio de Educación, por lo que ahora sólo resta publicarlo en el Diario Oficial para que el cierre quede sancionado. Según establece dicho decreto, la universidad se cerrará definitivamente el 28 de febrero de 2015.

Beyer detalló que hasta ahora el ministerio ha suscrito convenios con 22 instituciones de educación superior –doce universidades del Consejo de Rectores, seis privadas y cuatro institutos profesionales–, gracias a lo cual cerca de dos mil estudiantes ya han podido ser reubicados.