Minvu abre causas contra 239 personas por abandonar sus viviendas sociales

SANTIAGO.- El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, informó este martes que se han denunciado ante la justicia a 239 personas, en nueve regiones del país, por tener sus viviendas sociales vacías o arrendadas.

De acuerdo a la cartera, han presentado 74 demandas civiles y cinco acusaciones por presunto fraude al Fisco en las regiones de Arica y Parinacota (6), Coquimbo (17), Valparaíso (11), Metropolitana (1), Maule (10), Biobío (7), Araucanía (2), Los Lagos (20) y Magallanes (1).

Las acciones son de carácter civil y penal y buscan restituir el valor del subsidio, o acreditar fraude al fisco mediante la adulteración o falsificación de información o documentos durante la postulación.

Tal como ocurrió el pasado viernes con un inédito fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de la Ligua, en la Región de Valparaíso, que obligó a Daska Allende a devolver el subsidio de $11,5 millones por tener su casa social de Papudo arrendada.

"Es inaceptable que se lucre con viviendas sociales que se entregaron a familias que alegaron urgencia habitacional, cuando 150 mil familias en el país esperan tener una casa. Instruimos a los Serviu del país a redoblar la fiscalización y a presentar todas las acciones legales necesarias que nos permitan recuperar las viviendas o el monto del subsidio", dijo el ministro Pérez Mackenna.

Cambios administrativos

El secretario de Estado explicó que toda persona que postula a un subsidio para obtener una vivienda sin deuda declara que lo hace porque se encuentra en estado de vulnerabilidad debido a su carencia habitacional.

Por ello, la normativa obliga al beneficiario a ocupar personalmente la vivienda obtenida por un plazo mínimo de 5 años.

En diciembre de 2010 se incluyó en el Decreto Supremo 174 la obligación de ocupar la casa durante este período y la prohibición de arrendarla por el mismo lapso, restricciones que están incluidas en el actual DS 49, que remplazó al anterior.

Pérez Mackenna instruyó a los Serviu presentar demandas civiles en contra de quienes hayan vulnerado tales restricciones, y querellas criminales por presunto fraude al fisco ante la presunción de adulteración de la Ficha de Protección Social, documentos, informaciones, testimonios, o cualquier otro antecedente falso.

También ordenó a los Serviu fiscalizar en forma permanente el uso de las viviendas y encargó un estudio nacional sobre la desocupación de vivienda.