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Tras votar contra Beyer, Concertación propone moderar sanciones de acusación constitucional

Senadores presentaron proyecto para que a las autoridades sancionadas por esta causa, sólo se les prohíba asumir cargos de confianza del Presidente y no que se les impide trabajar para el Estado por 5 años.

18 de Abril de 2013 | 19:19 | Emol
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Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC) patrocinaron el proyecto.

Cristián Carvallo, El Mercurio

SANTIAGO.- Un día después de que la Concertación, con el voto del independiente Carlos Bianchi, votara mayoritariamente por destituir de su cargo de ministro al doctor en economía de la UCLA, Harald Beyer,  senadores del bloque opositor presentaron un proyecto de reforma constitucional que modifica la sanción de inhabilidad que afecta a los funcionarios declaradas culpables en una acusación constitucional.

La iniciativa ingresó al Congreso con el patrocinio de Juan Pablo Letelier (PS), Isabel Allende (PS), Camilo Escalona (PS), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y Jorge Pizarro (DC), según informó radio Cooperativa.

Beyer, un reconocido experto en materia educacional -que colaboró en el ex Gobierno de Michelle Bachelet durante el complejo escenario que enfrentó por la revolución pingüina de 2006-, no podrá ejercer ningún cargo público por 5 años.

Cooperativa señaló que, en lo medular, la propuesta de los parlamentarios concertacionistas plantea que toda vez que un funcionario sea declarado culpable de una acusación constitucional, se sustituirá tal inhabilidad por una sanción remitida “a no poder ejercer funciones en ningún otro ministerio, ni en cualquier cargo de confianza del Presidente de la República, durante el período presidencial en que fue destituido".

Según los senadores autores de la moción, "la destitución del cargo del funcionario público o autoridad respectiva, como sanción constitucional por sí sola resulta una sanción suficientemente grave y que a mayor abundamiento ésta conlleva, según el caso, la persecución de la responsabilidad penal y civil".

Más aún, expusieron, "es difícil justificar que el Parlamento, entidad intrínsecamente política, pueda decretar la muerta cívica y política de una persona, privándola de su derecho a ser elegida para un cargo por votación popular".

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