SANTIAGO.- Este martes, por segunda vez, se postergó la audiencia preparatoria de juicio oral en contra de los ocho gendarmes imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 reos, tras el incedio que afectó las dependencias de la Cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010.
Esto, debido a una serie de vicios formales encontrados en las querellas presentadas por los representantes de los internos fallecidos y que -según estimó el Undécimo Juzgado de Garantía- afectaban a la realización del debido proceso.
La magistrado Lidia Bruna detalló que incluso habían diversas acciones legales para una sola víctima, lo que afectaba los derechos de las defensas, tal como mencionaron los mismos durante la audiencia.
Por lo anterior, el tribunal reprogramó la instancia para el próximo 7 de mayo.
El fiscal Cristian Galdames se manifestó contrario a la decisión de la justicia, enfatizando que sí estaban las condiciones para el desarrollo de la audiencia donde se presentarían las primeras pruebas anunciadas en la acusación.
Asimismo, descartó cualquier responsabilidad del Ministerio Público en el desorden de los documentos presentados por la parte querellante que planteron las defensas ante el tribunal para dejar sin efecto la diligencia de hoy.
"En la audiencia no se le hizo reparo alguno a la Fiscalía respecto a cómo presentó los antecedentes y la acusación, razón por la cual no nos podemos hacer cargo de las acusaciones particulares", dijo.
En enero pasado, el juez de garantía también postergó la audiencia preparatoria tras acoger una solicitud de los intervinientes, quienes alegaron problemas en las notificaciones.
La Fiscalía Metropolitana Sur cerró la investigación -que logró establecer que el inicio del fuego se produjo en el cuarto piso de la Torre 5 del recinto penitenciario- el pasado 3 de diciembre, a casi dos años de la tragedia.
Nueve días después el ente persecutor presentó la acusación en contra los funcionarios de Gendarmería que en junio de 2012 fueron reformalizados por el delito de cuasidelito de homicidio -un ilícito culposo-, cambiando de esta manera la figura penal de homicidio por omisión que tenían hasta entonces.
Se trata de Fernando Orrego, Francisco Riquelme, José Poblete, Segundo Sanzana, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal.
La Fiscalía pidió para todos penas que van desde los cinco años y un día hasta siete años de presidio efectivo.