QUILPUÉ.- La madre del bebé que fue incinerado durante un ritual de una secta en un fundo de Quilpué, Natalia Guerra Jequer (25), aseguró este jueves que en la comunidad todos sabían que el pequeño -de sólo dos días- sería asesinado por orden del líder, Ramón Castillo Gaete (35), durante un supuesto rito de sanación.
Sus palabras fueron leídas por el fiscal de la comuna, Juan Emilio Gatica, quien en una audiencia que duró más de tres horas logró que la mujer y sus tres cómplices quedaran en prisión preventiva.
"Toda la comunidad sabía que mi hijo tenía que ser asesinado después de nacer y que había que obedecer a Antares de la luz (Castillo Gaete), porque él era dios", señaló.
En su declaración ante los efectivos de la Brigada de Investigaciones Especiales Policiales (BIPE), Guerra Jequer confesó que en el año 2008 había ingresado a la agrupación encabezada por el hombre, sobre el cual existe una orden de captura internacional.
La mujer, quien contó que en sus rituales consumían ayaguasca y mantenían relaciones sexuales, sindicó a Castillo Gaete como el autor intelectual y material del homicidio de su pequeño, ocurrido la noche del 23 de noviembre del año pasado y tras el cual sellaron un pacto de silencio "por el bien de todo".
Respecto del momento del brutal crimen, Guerra Jequer contó que cuando llegó al lugar "observé una excavación y una hoguera. Antares le pidió a Pablo Undurraga (también prófugo) que me llevara adonde él. Mi hijo lloraba y no sé cuándo dejó de llorar".
"Yo estaba destrozada, pero Pablo Undurraga me decía que tenía que ser así, que era mi karma. Presentía lo que iba a ocurrir con el bebé, pero eran órdenes superiores. Antares había matado al bebé arrojándolo al fuego", detalló el fiscal Gatica, mientras la mujer lloraba.
El persecutor formalizó a Guerra Jequer por el delito de parricidio, y a María Álvarez Fuenzalida, Karla Franchy y David Pastén, por homicidio calificado, solicitando la prisión preventiva para todos.
Los defensores, entre ellos, Claudio Pavez -representante de la madre del bebé- se opusieron a la petición, señalando que sus clientes fueron víctimas de la manipulación de Castillo Gaete y que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para acreditar las imputaciones. Anunciaron también que pedirán peritajes siquiátricos.
Pese a ello, la jueza Ingrid Arévalo ordenó la prisión preventiva para los cuatro detenidos, debido a que -a su juicio- existen antecedentes suficientes para comprobar el delito, a que actuaron en grupo o pandilla y que representaban un peligro para la sociedad.
La magistrado detalló además que por parricidio, la madre del lactante arriesga entre 15 años y presidio perpetuo. Mientras que en el caso del homicidio calificado, entre 10 años y presidio perpetuo.
Todos fueron enviados al complejo penitenciario de Valparaíso. Por orden de la jueza Arévalo, se decretaron ocho meses de investigación y medidas especiales de protección para los cuatro.