SANTIAGO.- Unas 4.773 licencias médicas, equivalentes a 57 mil días prescritos, se han fiscalizado hasta la fecha desde que el 11 de mayo del año 2012, entrara en vigencia la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.
Una normativa que fue impulsada tras una serie de denuncias del sector público y privado, en contra de un grupo de facultativos médicos por el mal uso de licencias médicas, que estaba generando pérdidas al Sistema de Salud por montos superiores a veinte mil millones de pesos anuales.
La ley, que busca "establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento".
Esto se traduce principalmente en mayores atribuciones a las Comisiones Médicas Preventivas y de Invalidez (Compin), como ente fiscalizador y sancionador.
En este sentido, las Compin tienen la facultad de solicitar a quienes emitan licencias médicas, antecedentes o informes complementarios que las respalden.
Además, el organismo puede sancionar con multas que van desde las 10 UTM o 60 UTM en el caso que no cumplan la sanción y suspensiones por 15 días.
A un año de la promulgación de esta ley, la contraloría médica de la Compin, separa diariamente aquellos casos que carecen de fundamento o cuyo historial del paciente presenta irregularidades que podrían dar lugar al mal uso de licencias médicas.
Luego, la Unidad de Fiscalización de Prestadores, solicita los antecedentes médicos complementarios (AMC) al emisor de dicho documento. Si estos son presentados, los contralores solicitantes evalúan la consistencia de dichos antecedentes con el reposo prescrito y el historial del paciente, resolviendo si se fundamenta éste último o no.
Si los antecedentes no son presentados, a pesar de la reiteración de solicitud, los casos son llevados a la Comisión Médica, que resuelve respecto a las medidas de apremio que se le podrían aplicar al médico en cuestión.