La ministra Carolina Schmidt le entregó al Fiscal Nacional los antecedentes financieros de 59 universidades, tanto públicas como privadas.
Héctor Aravena, El MercurioSANTIAGO.- Con el fin de que se investigue la eventual existencia de lucro, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, entregó al fiscal nacional, Sabas Chahuán, los estados financieros auditados de 59 universidades, tanto públicas como privadas.
Según detalló la ministra, entre éstas hay 53 instituciones que registran transacciones con personas o empresas relacionadas –en que los controladores forman parte tanto de las universidades como de las empresas–, incluyendo tanto instituciones privadas no tradicionales, como los 25 planteles pertenecientes al Consejo de Rectores.
La necesidad de investigar estos antecedentes se debe a que, si bien la ley no prohíbe que las universidades realicen operaciones con entidades relacionadas, es el mecanismo que algunas utilizarían para extraer los excedentes.
La ministra explicó que, dado que su cartera no cuenta con las facultades para investigar este tipo de ilícito, le solicitó a la fiscalía que, "en el marco de sus competencias, investigue la existencia de cualquier irregularidad, en especial en relación a las transacciones con personas y empresas relacionadas, porque la ley se debe cumplir en todos sus aspectos y las universidades en Chile no pueden lucrar".
En esa línea, remarcó que "no podemos aceptar que, a través de transacciones con empresas o personas relacionadas, se burle la ley y las universidades lucren".
No obstante, aclaró que las instituciones que registran ese tipo de transacciones no necesariamente incurren en una irregularidad, por lo que se requiere que el Ministerio Público investigue la naturaleza de dichas operaciones.
También indicó que las limitaciones para que el ministerio indague ese tipo de hechos se debe a que el sistema de educación superior no está lo suficientemente regulado.
"El sistema de educación superior en Chile no tiene una regulación que nos permita asegurar que las universidades en Chile no lucren. El Gobierno ha enviado un proyecto de ley de Superintendencia de Educación Superior y estamos en búsqueda de todos los acuerdos para establecer una regulación que nos permita entregar la seguridad de que el sistema de educación superior en Chile es transparente y regulado", señaló.
Los estados financieros auditados que entregó la ministra a la Fiscalía Nacional fueron entregados por las propias universidades al Ministerio de Educación.
Hasta ahora, el ministerio se encuentra investigando a las universidades SEK, Uniacc y Pedro de Valdivia, cuyos resultados aún no se conocen.
Chahuán remitirá los antecedentes a fiscal Gajardo
En tanto, el Fiscal Sabas Chahuán indicó que los antecedentes que le entregó la ministra Schmidt serán remitidos al fiscal Carlos Gajardo –que indaga la ocurrencia de ilícitos en varias universidades– para que determine si pueden ser útiles en la investigación. "Puede ser que sirvan para la investigación y la Fiscalía va a hacer con estos antecedentes lo que hace siempre, que es determinar si hay o no delito y decirlo transparentemente", señaló.
Aclaró que la información que le entregó la ministra "no da cuenta por sí misma de delito, porque en Chile las universidades pueden tener empresas relacionadas". "A la Fiscalía le corresponde investigar si, eventualmente, utilizando esa posibilidad que la ley le da, se está defraudando a alguien o se está lavando dinero o se configura algún delito", apuntó.