Caso Heidi: Las pruebas que la Fiscalía Sur pretende llevar al juicio

SANTIAGO.- 53 peritos y 142 testigos serán parte de las pruebas que la Fiscalía Metropolitana Sur pretende llevar al juicio oral en contra de los diez imputados en el Caso Heidi, operación que desbarató a una supuesta red de explotación infantil en noviembre pasado y que operaba en el centro de Santiago.

Según se establece en la acusación, también se ofrecerán 80 evidencias materiales que incluyen trece agendas telefónicas incautadas en los prostíbulos, tarjetas bancarias, ropa interior femenina, computadores y celulares.

También se intentarán exhibir seis álbumes fotográficos con diversas imágenes en su interior, 112 fotografías con diverso contenido sexual -las cuales se encuentran en pequeñas cajas- y "14 pastillas azules".

Respecto a las pruebas documentales, estas tienen relación con certificados de nacimiento de las víctimas y contratos de arrendamiento de los departamentos donde se cometían los delitos, además de cerca de transcripciones de cerca de 2 mil escuchas telefónicas.

Asimismo, se incluyen oficios de la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile respecto de salidas o entradas al país de los imputados Manuel Lucero Muñoz, Genaro Fernández Mautz, Daniel Opazo Fernández, Pablo Soto Landa, Jaime Román Canales y Diego Méndez Amor.

El documento también incluye otros 183 medios de prueba, entre ellos, la captura de imágenes de los clientes junto a las menores ingresando al departamento de Lira 910 y los videos de entrevista audiovisual de las víctimas.

Penas

Respecto a las penas, el Ministerio Público solicitó castigos que van desde siete años para los clientes hasta condenas de 15 años para las regentas.

Para Julia López -una de las mujeres a cargo de los prostíbulos- la Fiscalía pidió 13 años por el delito de promoción y facilitación de menores, y 541 días por porte de municiones.

Manuel Lucero, en tanto, arriesga 15 años por el delito de violación, 7 por obtención de servicios sexuales y 541 días por almacenamiento de material pornográfico, mientras que para Jaime Román el ente persecutor solicitó sólo 7 años.

Respecto a Genaro Fernández, la Fiscalía pidió igual castigo que el anterior y 7 años más por el delito de estupro. A eso se le suman 541 días por almacenamiento de pornografía infantil y cuatro años por producción de las mismas.

Marisol Mejías, por su parte, arriesga una condena de 10 años por facilitación y promoción de menores de edad.

La regenta Sonia Vásquez, en tanto, tiene mayor penalidad, pues en su contra pesan los cargos de facilitación habitual de menores, incluida su hija, por lo que el Ministerio Público pidió un total de 25 años.