Incendio en cárcel de San Miguel: Familiares de 81 fallecidos declararán en juicio

SANTIAGO.- Los familiares de los 81 internos fallecidos en el incendio que afectó la torre cinco de la Cárcel de San Miguel -el 8 de diciembre de 2010- declararán en el juicio oral contra los ocho funcionarios de Gendarmería imputados.

Esto, luego que el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptara dichos testimonios como parte de las pruebas ofrecidad por la Fiscalía Sur en el marco de la audiencia preparatoria.

Según se estableció, comparecerá un cercano por cada una de las víctimas de la tragedia.

Asimismo, el tribunal aceptó la declaración de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien inspeccionó el lugar y realizó un informe respecto al hacinamiento que existe en los recintos penitenciarios chilenos.

El fiscal regional Raúl Guzmán afirmó que Maldonado "es una testigo relevante por el conocimiento que tiene en temas carcelarios y, sobre todo, por el hecho de que el día del incendio ella concurre a la cárcel de San Miguel y toma contacto tanto con gendarmes como con internos".

Sobre el testimonio de las víctimas, el persecutor jefe de la zona Sur enfatizó que "la prueba de ellos es pertinente, ya que permite que el tribunal cuente con antecedentes para un aspecto determinante que es la regulación de la pena".

"La Fiscalía ha jugado mucho con el dolor"

Por su parte, el defensor de Fernando Orrego explicó que "la situación de los familiares y sus declaraciones tienen que ver más con demandas civiles que se han entablado que con la reparación del mal causado y con una eventual indemnización civil.

"Eso no es pertinente en este caso y por esa razón es que la defensa entendía que todo lo que decía relación con el dolor de una madre, un hermano o un hijo tiene relación con el daño causado, pero en un aspecto civil", continuó.

También enfatizó que si el Ministerio Público "lo que quería era retratar era el dolor de los padres y los hijos, bastaba sólo con un grupo de ellos".

"Entiendo que es una estrategia de la Fiscalía tratar de llevar el dolor a una instancia judicial, la Fiscalía ha jugado mucho con el dolor de las familias e incluso ese mismo dolor ha impedido algún tipo de salida en este caso", agregó.

Asimismo, destacó que en Gendarmería existe una carencia de recursos e infraestructura "que no puede ser atribuido a los funcionarios y es por eso que estas causas en lo general, terminan con salidas alternativas".

Por último, estableció que la decisión del tribunal de acoger las declaraciones de los familiares como prueba testimonial "afecta a la defensa en cuanto a que el juicio oral pierde su norte".

"Esta instancia tiene que ver con que si se cumplieron o no los reglamentos y procedimientos y si se tenían los recursos necesarios para enfrentar la tragedia, por tanto, ver a una madre llorar es legítimo pero no es el foco del juicio", concluyó.

La Fiscalía Sur acusó a ocho funcionarios de Gendarmería por el delito de cuasidelito de homicidio y pidió para todos penas que van desde los cinco años y un día hasta siete años de presidio efectivo.

Junto con Fernando Orrego, también fueron imputados Francisco Riquelme, José Poblete, Segundo Sanzana, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal.