Exonerados: Allende pide no poner en "tela de juicio" el programa por aprovechamiento de algunos

SANTIAGO.- Desde Alemania, la senadora Isabel Allende (PS) abordó el caso de los falsos exonerados políticos, pidiendo no "poner en tela de juicio" el programa por el aprovechamiento de "algunas personas".

"Estos antecedentes no constituyen mayor novedad, pues en noviembre del 2011, a partir de una auditoría interna del Ministerio del Interior, se encargó esta investigación, cuyo informe Contraloría ha entregado esta semana", dijo la parlamentaria, que ha sido cuestionada por haber extendido más de 400 certificados avalando a personas que no le correspondían las ayudas sociales.

"En aquella oportunidad, de acuerdo a los datos recabados, seis casos fueron cuestionados. Por ello, condené el aprovechamiento de la buena fe", dijo Allende respecto de los beneficiados que ella avaló.

Y agregó: "De las solicitudes recibidas, sólo di mi certificado en aquellos casos que me parecieron válidos, partiendo de la base de la honestidad de las personas. El aprovechamiento de algunos, no puede poner en cuestión el otorgamiento a aquellas personas que sí lo merecen".

La senadora señaló asimismo que el programa de exonerados "permitió que el Estado saldara una deuda histórica con quienes fueron marginados de sus trabajos por razones políticas. El despido de miles de funcionarios públicos por sus ideas, o en muchos casos, por sospechas, fue uno de los tantos abusos a que nos sometió la dictadura".

En esa línea, la legisladora socialista dijo que "la entrega de pensiones no contributivas a los exonerados ha hecho justicia para miles de personas que fueron expulsadas de sus trabajos solo por razones políticas, cuestión que sucedió una y otra vez en la dictadura militar".

"Las denuncias de abusos enlodan el compromiso del Estado por enmendar los daños cometidos por la dictadura poniendo en duda la buena fe de quienes actuamos convencidos de que estas reparaciones eran necesarias y justas. Esperamos que la justicia actúe y determine la veracidad de estas acusaciones, y si es así, sancione a los responsables", finalizó.

En tanto, el ex ministro José Antonio Viera-Gallo criticó ayer al Gobierno de Sebastián Piñera por el tratamiento que le ha dado a las irregularidades en la entrega de estas pensiones, asegurando que los casos cuestionados corresponden sólo al 1%.

"Yo creo que esta ley se presta, por sus áreas grises, a que se cometan errores que ahora se detectan y está muy bien que se reparen. Pero de ahí a pensar que todas estas personas cometieron delito, yo creo que verdaderamente no saben lo que es el Código Penal", dijo Viera-Gallo en entrevista con CNN Chile.

Además, descartó que la polémica afecte la candidatura de Michelle Bachelet y aseguró que "se le puede volver en su contra" al oficialismo, "porque estamos hablando de un millón de personas (entre los pensionados y sus familias) que se sienten amenazadas de que les quiten su pensión justa, y no creo que ellos después vayan corriendo a votar por los que los amenazan".

Tras el informe de la Contraloría, que confirmó la existencia de beneficiados que no debieron recibir las pensiones por este programa, el Gobierno estimó en al menos US$ 180 millones el fraude al fisco.