SANTIAGO.- En prisión preventiva quedaron tres ejecutivos por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas y tráfico de migrantes en la ciudad de Molina, en la Región del Maule.
Esto, luego de tres semanas de investigación, en las que la Policía de Investigaciones (PDI) detectara a 104 ciudadanos bolivianos, de los cuales 64 están indocumentados.
Las diligencias que se ejecutaron por el fiscal regional Mauricio Richards y los persecutores adjuntos Mónica Barrientos y Miguel Orellana, lograron acreditar la existencia de la empresa Elecnor, dedicada a reclutar a ciudadanos de la ciudad de Cochabamba.
Allí, y por medio del engaño, los internaban a Chile ofreciéndoles, principalmente, el pago de cerca de 700 dólares mensuales y la tramitación de sus visas para trabajar. Ingresaban a nuestro país como turistas.
Finalmente, se obtuvieron las pruebas necesarias para formalizar cargos en contra de la propietaria de la firma, Paola Espinoza (34), su padre Manuel Espinoza (56) e Irma Barría Saez (48) -brazo de derecho de ambos-.
"Acá obviamente que existe una intensión de traer estas personas para incrementar los ingresos de la empresa. Y respecto del delito de trata, aparte de ser captados, trasladados y acogidos en esta localidad, estamos en presencia de un engaño y el aprovechamiento de la vulnerabilidad respecto de los ciudadanos bolivianos", afirmó Barrientos.
Otros tres trabajadores de la empresa Edita Lara (40), Edison Eduardo Mena (32) y América Silva Cabrera (34) también fueron formalizados por el mismo ilícito, pero considerando su participación en ellos es que el Ministerio Público pidió medidas cautelares como la prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima y la firma quincenal.
Los ciudadanos bolivianos llegaron al país hace algunos meses con la tarea de prestar servicios a la empresa, que ganó la licitación de la construcción de antenas de alta tensión en la precordillera maulina.