Abogado Carlos Fairlie es uno de los querellantes en el caso Tsunami.
El MercurioSANTIAGO.- El abogado querellante en el caso Tsunami, Carlos Fairlie, que representa a los diputados Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) y sus pares de RN, Pedro Brown y Frank Sauerbaum, aseguró este miércoles que el oficio entregado por la Onemi a la defensa de Johaziel Jamett -que establece la inexistencia de un Plan Nacional de Emergencia- está errado, aludiendo al "desconocimiento" de las autoridades de dicho organismo.
Según enfatizó a Emol, existen dos decretos de ley que reafirman su vigencia y que serán presentados hoy en los alegatos ante la Corte, donde se revisa la apelación al fallo del juez Ponciano Sallés que rechazó sobreseer a cuatro de los imputados en la causa.
El profesional detalló que "uno de ellos es el decreto 509 del Ministerio del Interior con fecha 11 de noviembre de 1983 que aprueba el reglamento para aplicar el decreto de ley 369", correspondiente a la creación -en 1974- de la Oficina Nacional de Emergencia "que será el Servicio encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes".
"Otro documento que vamos a hacer valer es el decreto 68 del 5 de noviembre de 2009 del Ministerio del Interior y la Subsecretaría que establece el sistema de coordinación permanente de procesos de monitoreos sísmicos y volcánicos firmado por el subsecretario Patricio Rosende", agregó.
Este último, establece además que dicha coordinación "estará a cargo de la Oficina Nacional de Emergencia".
"No existe" un Plan Nacional de Emergencia en la Onemi
Ayer, el representante del ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, el abogado Carlos Pérez, reveló un documento firmando por el director de la ONEMI, Ricardo Toro, que sostiene que "no existe" un Plan Nacional de Emergencia.
El informe agrega que "el documento de trabajo existente en poder de la Onemi, con esa denominación, no ha sido aprobado por el acto administrativo correspondiente, en este caso, por el Decreto Supremo del Ministerio del Interior".
"Por lo mismo, tampoco ha sido objeto del trámite de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República ni ha sido publicado por el diario oficial", añade.
El escrito -con fecha 24 de junio- también recalca que "el único instrumento de carácter normativo que se encuentra vigente en esta materia es el Plan Nacional de Protección Civil".
De acuerdo a Pérez, dicho certificado -que fue solicitado el 4 de junio pasado a través de Ley de Transparencia- reafirma los dichos de Jamett enfatizando que con esto se logra comprobar la inocencia de su cliente en todos los hechos imputados.
Lo anterior, concluyó, también deja en evidencia que "no hay ningún reglamento que obligue a mi cliente a hacer algo", por lo que los cargos que pesan en su contra carecen de fundamentos.