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Santiago: Lunes 03 de febrero del 2025 | Actualizado 00:33
SANTIAGO.- La ministra de Educación, Carolina Schmidt, recibió este miércoles a una treintena de apoderados de colegios emblemáticos que se encuentran en toma, quienes le pidieron ayuda para terminar con las movilizaciones.
El grupo se mantuvo en la oficina de la secretaria de Estado por más de una hora, en la que le manifestaron su preocupación por lo que ocurre en establecimientos como el Liceo Carmela Carvajal, Instituto Nacional y José Victorino Lastarria, entre otros.
Tras la cita, los apoderados llamaron a los alcaldes a adoptar rápidamente las medidas necesarias para el retorno a clases y anunciaron que presentarán acciones legales, como recursos de protección y querellas para conseguir su objetivo.
En tanto, la ministra Schmidt insistió en que son los municipios los responsables de asegurar que los estudiantes puedan asistir a clases en sus comunas y sostuvo que "vamos a apoyar a los padres en todo, porque no podemos aceptar que se destruya la educación de nuestro país mediante las tomas, la destrucción de colegios y la violencia".
Por su parte, Karen Molnar, apoderada del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Providencia, junto con asegurar que comparten las demandas del estudiantado, sostuvo que las movilizaciones "han afectado a nuestras familias por más de tres años. Son daños irreparables, no sólo del punto de vista académico, sino que del punto de vista sicológico y familiar, y creo que el resto de la población no conoce lo que realmente implica una toma".
A su juicio, ese tipo de acciones ya no contribuyen a mejorar la educación del país y llamó a los alcaldes a tomar cartas en el asunto para asegurar el derecho de los jóvenes que sí quieren estudiar.
En tanto, Elizabeth Montecinos, quien tiene hijos tanto en ese liceo como en el Instituto Nacional, denunció que éstos han sido víctimas de violencia, "solamente por pedir tener la oportunidad de estudiar".
La apoderada criticó a las alcaldesas de Santiago, Carolina Tohá, y de Providencia, Josefa Errázuriz, por validar las votaciones de los escolares que, a su juicio, "son ilegales".
"Vamos a adoptar todos los medios, recursos de protección, querellas o vamos a ir a la Contraloría General de la República para que se hagan responsables de la infraestructura que el Estado les ha concedido a ellos", anunció.
