SANTIAGO.- El Tribunal de Garantía de Talca confirmó la prisión preventiva de Alejandra Rojas (40), quien desde marzo se encuentra formalizada por la presunta malversación de caudales públicos por cerca de 300 millones de pesos que desaparecieron mientras ella se desempeñaba como administradora de la instancia.
El fiscal regional del Maule, Mauricio Richards, planteó la necesidad de no modificar la medida cautelar ya que no existen circunstancias modificatorias respecto de la responsabilidad de la ex funcionaria del poder judicial en la fuga de fondos y además existen diversos peritajes en curso y por realizar.
"Hay alrededor de 1.600 cheques que aún no han sido revisados. Se debe despejar y esclarecer el monto de esos 1.600 cheques que son como 150 millones de pesos aproximadamente. Estamos trabajando en un peritaje contable con peritos de la PDI", afirmó.
Y añadió: "También se requiere analizar la situación financiera de Rojas, específicamente una cuenta corriente donde existen depósitos como su renta mensual del Poder Judicial, pero además existen depósitos en dinero efectivo por millones de pesos que no se ha podido determinar su origen. Se debe determinar además el depósito de 17 millones de pesos en la cuenta del tribunal y que se desconoce su origen. La imputada ha sostenido que ella realizaba reintegros, pero todo eso se va a investigar y despejar dudas".
Así, acogiendo los argumentos de la Fiscalía, el tribunal dispuso mantener la prisión preventiva de la imputada, pero acogió el segundo requerimiento de su defensa, de trasladarla hasta la cárcel de mujeres de Temuco, donde se encuentra su familia y el médico tratante de un supuesto trastorno de su personalidad que ya ha sido advertido por informes psicológicos y psiquiátricos que han sido evacuados por petición del Ministerio Público.
Sin embargo, estos exámenes en ningún caso dan cuenta de una persona inimputable y que, por el contrario, está en condiciones de enfrentar responsabilidad penal por sus actos.
El cargo desempeñado por Rojas consiste entre otras funciones administrar todos los dineros en efectivo o documentados que salen y entran del tribunal –proveniente de acuerdos reparatorios, cauciones, fianzas, entre otros-, además de gestionar la firma de cheques por parte de los jueces para su cobro.
Una auditoría interna ordenada por el Poder Judicial determinó la semana pasada que existen 158 millones de pesos cobrados por la mujer y terceros ordenados por ella. La Fiscalía estimó en tanto, que existen otros 150 millones desparecidos y que se debe indagar hacia donde fueron a parar.