SANTIAGO.- La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía Nacional contra quienes resulten responsables por los abusos sexuales a menores, malos tratos, violencia y explotación sexual infantil en centros del Sename.
La acción judicial, que contiene detalles sobre la investigación realizada por la Unicef y el Poder Judicial en 10 regiones del país, fue firmada por el titular del grupo parlamentario, Ricardo Rincón, y sus pares Gabriel Silber, Aldo Cornejo, Gabriel Ascencio y Mario Venegas.
"Me hablaron de un informe que no está entregado oficialmente, pero hicieron una denuncia criminal los diputados en la que señalan una serie de hechos que desde su apreciación, podrían constituir delitos", explicó el fiscal nacional, Sabas Chahuán.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que "estamos obligados a investigarlos, especialmente ya que serían delitos bastantes graves cometidos contra menores".
"He ordenado un informe a la brevedad a la unidad asesora de la Fiscalía Nacional y se va a derivar a los fiscales que tengan competencia para que investiguen, ya que serían ocurridos en distintas regiones", añadió.
Los legisladores DC, en tanto, solicitaron un persecutor dedicación exclusiva que investigue los ilícitos, que calificaron como "gravísimos y como uno de los peores escándalos en materia de abusos a menores en Chile en el último tiempo".
"Los centros calificados de alto riesgo deben ser intervenidos ahora mismo y el poder judicial debe transparentar esta investigación que durante meses ha permanecido guardada en algún escritorio", señalaron.
El presidente de la bancada DC, Ricardo Rincón, apuntó sus críticas al magistrado Hector Carreño -a cargo de los temas de familia en el Poder Judicial-, señalando que "no entendemos por qué no se ha difundido esta investigación y por qué, además, se intervino el equipo investigador".
"Desde la comisión de Constitución hemos pedido este informe y no hemos tenido respuesta. Me entrevisté con el presidente de la Corte Suprema y nada aún. Por eso, y en virtud de los ilícitos detectados por los investigadores, hoy pedimos un fiscal con dedicación exclusiva pues miles de menores están en riesgo", manifestó.
El diputado Gabriel Silber, en tanto, agregó que la diligencia sólo cubre el 10 por ciento de los menores, por lo tanto, "esto es aún mucho más grave".
"Los casos que hemos conocido son desgarradores, aberrantes y no puede ser que el Estado de Chile mantenga estos hogares que en lugar de velar por el cuidado y rehabilitación de los menores, sean lugares donde se practica el abuso a diario. Hay que tomar medidas de fondo y con sentido de urgencia y, por supuesto, no ocultar información", aseguró.
La investigación califica como hogares de "alto riesgo" a centros de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Maule, Punta Arenas y Quillota entre otros.
En el primer caso se detectó evidencia de explotación sexual infantil y en el de los recintos de la Región de Valparaíso, existencia de celdas de castigo, violencia y condiciones deplorables para la mantención e los menores.
A lo anterior se agregan abusos sexuales a menores, encierros o prohibición de comer. En estas acciones estarían comprometidos algunos guardadores y jóvenes que se encuentran internados.