Estudiantes de Ues privadas: "Quienes puedan pagar que paguen"

SANTIAGO.- Es una de sus principales promesas de campaña: la gratuidad universal en la educación. Y aunque en un primer momento se pensó que sus eventuales beneficiarios serían los alumnos de las universidades tradicionales, en el último debate previo a las elecciones primarias, Michelle Bachelet aclaró que el objetivo es incluir también a los estudiantes de planteles privados.

La reforma, que –según anunció– debería completarse en un plazo de seis años, es una de las principales demandas del movimiento estudiantil que, junto con la calidad de la educación y el fin del lucro, ha levantado como una de sus banderas de lucha.

El anuncio de gratuidad universal propuesto por Bachelet ha generado un amplio debate y hay quienes cuestionan que la medida beneficie a los estudiantes más ricos, quienes estarían en condiciones de pagar por su educación. Pero ¿qué piensan de esto los alumnos de las universidades privadas, sobre todo de aquéllas donde hay menos estudiantes que reciben crédito con garantía estatal?

El líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo, Ángel Urcola, afirma que "no creo que todas las personas de este país deben tener la gratuidad pudiendo pagar la educación. Eso es completamente injusto, porque los impuestos que dan todas las personas deban usarse para otros fines y no para financiar a quien sí puede pagar. Aunque este porcentaje sea menor, no es justo que sea para todos".

En esto coincide la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Andes (FEUANDES), María Teresa Urrutia, quien asegura que como organización no comparten la propuesta.

"En el fondo, quienes pueden pagar (la educación) que la paguen y quienes no, sí tengan gratuidad, porque el Estado tiene que entregar un mínimo de condiciones para que todos los ciudadanos podamos tener una vida digna. A esas personas que no puedan acceder, hay que darles financiamiento", afirma Urrutia.

A su juicio, "hablar de gratuidad en todos los tramos (socioeconómicos) me parece súper apresurado". "Chile es un país que tiene que subsanar grandes necesidades, hay muchos chilenos que necesitan ayuda del Estado y, en ese sentido, ocupar esos fondos en financiar la educación de quienes sí pueden costearla me parece que no es correcto. Hay temas tan importantes y vitales como la salud en el país", apunta.

Un matiz distinto manifiesta el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez (FEUAI), Rodrigo Durán, quien estima que "hay que avanzar en gratuidad", pero que más allá de eso "lo que hay que garantizar es el acceso libre a la educación".

"Al final lo importante es que tú puedas acceder a la educación superior, media o básica sin depender de tu capacidad de pago, sino que de tus talentos o méritos académicos. Cosa que actualmente no se da", señala.

Por eso, considera que "en el corto plazo hay que avanzar en gratuidad de la educación y, paralelamente, en la reforma en el acceso". "Lamentablemente si uno garantiza gratuidad hoy sin equidad en el acceso, probablemente en el mediano y corto plazo vayan a ser regresivas, vayan a financiar más la educación de los ricos que de los pobres. Hay que ser muy cuidadosos en qué políticas públicas se van a priorizar", advierte Durán.

Añade que si se va a garantizar un acceso más equitativo socioeconómicamente, "entonces yo de todas maneras comparto completamente la política de que cualquier persona que tenga méritos y talento no dependa de la situación en la que le tocó nacer para poder explotar sus capacidades". En ese sentido, declara que la gratuidad es una de las herramientas, pero "no la única ni las más eficiente".

Aranceles según la calidad de la universidad

Respecto del planteamiento de la ex Mandataria de fijar a través de un grupo de expertos los aranceles máximos de referencia de las carreras universitarias, el líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo considera que en este punto hay que ser muy cuidadosos y regular los aranceles de acuerdo a la calidad de educación que entrega cada plantel universitario.

"Creo que es muy importante que se regulen los aranceles, no sé si se puede establecer un mínimo o un máximo, porque eso es parte de la libertad del mercado, pero tiene que ser acorde a la calidad", sostiene.

A su juicio, más que regular la totalidad de los precios, sí debiera haber una mayor fiscalización para que las instituciones efectivamente reinviertan las utilidades en investigación, infraestructura y en calidad docente.

En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, si bien aclara que esa propuesta, tal como está, impide dar una opinión precisa, indica que "si se mantiene un respeto por la autonomía de las universidades (…) y al mismo tiempo el Estado da garantías de que la universidad, por los recursos que está recibiendo, está cumpliendo un rol 'público', no creo que deba haber problemas".