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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 17:34
SANTIAGO.- El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos, dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados de Alejandro de la Barra Villarroel y Ana María Puga Rojas, ocurrido el 3 de diciembre de 1974 en la región metropolitana.
El magistrado condenó a seis integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su participación como autor, cómplice o encubridor de ambos delitos.
Se trata de Manuel Contreras Sepúlveda, Ricardo Lawrence Mires, Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito, quienes recibieron 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en calidad de autor de ambos homicidios calificados.
Eduardo Jaime Astorga, en tanto, fue condenado a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice, mientras que Miguel Krassnoff Martchentko recibió 5 años y un día de presidio por el delito de encubridor.
De acuerdo a los antecedentes del proceso, se determinó que “agentes de la DINA lograron averiguar que los miembros y dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, Ana María Puga Rojas, actriz y profesora y Alejandro de la Barra Villarroel, cientista político, tenían un hijo de un año y meses de edad que asistía a un jardín infantil ubicado en calle Andacollo N° 1620 de la comuna de Providencia".
"Los agentes fueron a constatar su existencia el día 2 de diciembre de 1974, revisando los libros de matrícula; y el día 3 de diciembre del mismo año se organizaron en grupos para esperar que aquellos concurrieran, como lo hacían diariamente, a retirar del jardín al infante; se distribuyeron, aproximadamente a las dieciséis horas, según órdenes e instrucciones del día anterior, por las calles próximas al citado jardín infantil", agrega a la resolución.
Asimismo, se detalla que se atentó en contra la pareja "sin que hubiese habido orden de detención ni resistencia de su parte, muriendo ambos a causa de heridas cefálicas y cervicales".
En el aspecto civil, además, se determinó que el Fisco debe pagar la suma de $ 50.000.000 a Rodrigo Hernández Puga, hijo de la mujer víctima, mientras que el Fisco y los condenados deben cancelar solidariamente la suma de $ 50.000.000 a Álvaro de la Barra Puga, hijo sobreviviente de ambas víctimas.
