Fiscal regional Raúl Guzmán encabeza el equipo de investigadores.
El MercurioSANTIAGO.- Después de casi dos años de investigación en busca de las presuntas responsabilidades penales respecto del incendio de la cárcel de San Miguel -ocurrido el 8 de diciembre de 2010 y que dejó 81 reos fallecidos- este lunes la Fiscalía Sur presentará los alegatos de apertura en el marco del inicio del juicio oral en contra de los ocho gendarmes acusados por cuasidelito de homicidio.
En la instancia judicial, que se estima se prolongue por al menos seis meses, el Ministerio Público intentará acreditar el actuar negligente de los imputados, específicamente de los cuatro centinelas que se encontraban en el lugar cumpliendo funciones el día de los hechos y que –de acuerdo a los antecedentes recabados- habrían omitido deberes y obligaciones al no adoptar los procedimientos correspondientes.
Según detalló a Emol el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán -que encabeza el equipo de abogados a cargo de la investigación- también se intentará dar por establecido la culpa de los directivos de Gendarmería, entre ellos, el director metropolitano Carlos Bustos y el alcaide del penal, Segundo Sanzana.
Respecto a la hipótesis de la Fiscalía sobre la tragedia, Guzmán enfatizó que ésta apunta a comprobar que "no se efectuó la alerta oportuna a pesar de que (los gendarmes) estaban en conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo y de la ingesta de alcohol artesanal que los mismos internos elaboraban".
"Después de eso, entonces se produce una riña que desencadenó la pelea en la cual se utilizó un lanza llamas artesanal", agregó recalcando que los acusados "vieron cuando comienza a salir humo y oyeron los gritos de los reos, pero no reaccionaron sino hasta que el humo se hizo evidente".
"Es en ese momento cuando recién llaman a la guardia interna", recalcó, detallando que los funcionarios tampoco efectuaron un llamado a Bomberos. "Eso lo hizo un interno con un teléfono celular que logró ingresar de manera ilegal", cuenta, mencionando que hasta hoy se desconoce quién fue la persona que alertó de la emergencia y que "posiblemente haya fallecido en el incendio".
Principales medios de prueba
Sobre las principales evidencias que ofrecerá el Ministerio Público para reforzar su tesis, el perseguidor destacó una nómina de 206 testigos, entre ellos, funcionarios que se encontraban de turno a la hora de los hechos, y decenas de personas que esperaban -a las afueras del recinto carcelario- el inicio del horario de visitas.
Además, se incluirán las declaraciones de voluntarios de Bomberos así como los testimonios de efectivos policiales que participaron en el operativo de emergencia.
"También será muy importante el testimonio de la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado porque ella no sólo conoce la realidad penitenciaria, sino que ella además concurrió a la cárcel y conocía los informes elaborados por la fiscal judicial de la Corte de San Miguel donde se establecían todas las deficiencias que existían dentro del lugar y que no fueron asumidas", continuó.
Penas desde 5 a 7 años
La Fiscalía Metropolitana Sur cerró la investigación -que logró establecer que el inicio del fuego se produjo en el cuarto piso de la Torre 5 del recinto penitenciario- el pasado 3 de diciembre, a casi dos años de la tragedia.
Nueve días después el ente persecutor presentó la acusación en contra los funcionarios de Gendarmería formalizados por el delito de cuasidelito de homicidio.
Se trata de José Francisco Poblete, Fernando Andrés Orrego y Francisco Javier Riquelme, a quienes el Ministerio Público solicitó una pena de 5 años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo.
También fueron acusados Patricio Álex Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal. Para todos ellos, la Fiscalía pidió una pena de 7 años de reclusión mayor en su grado medio.