SANTIAGO.- Tres parcelas, dos autos de lujo y más de 8 mil millones en pasta base de cocaína en proceso de elaboración para comercializar en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Son algunos de los datos de la operación realizada por los efectivos de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, luego de tres meses de investigación en conjunto con la fiscalía metropolitana Centro-Norte, en que se logró desbaratar a un clan familiar que tenía el laboratorio clandestino más grande de la historia delictual del país.
Según informó el prefecto inspector, Leonardo Acuña, jefe nacional de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la policía civil, los funcionarios lograron incautar 529 kilos de pasta base de cocaína en una de las dos parcelas de la agrupación delictual tenía en la localidad de Hijuelas.
Allí procesaban la droga que era traída desde Bolivia disuelta en petróleo, la que luego era procesada con diferentes elementos químicos por dos ciudadanos de ese país, para aumentar su volumen, pudiendo obtener hasta una tonelada y media de la sustancia, la que después era comercializada.
“Esta es una organización familiar que contaba con tres parcelas en la Quinta Región, dos en Hijuelas y una en Algarrobo. En las dos primeras se concentraba el núcleo familia y en una de ellas se instaló el laboratorio para el tratamiento de esta droga”, señaló el jefe policial.
Los operativos se realizaron el viernes pasado en los señalados lugares y también en tres casas de Puente Alto. Durante el trabajo policial los funcionarios incautaron la droga en estado líquido, sólido y en suspensión, listas para ser tratada.
También se decomisó cinco vehículos, uno de los cuales estaba especialmente habilitado para el ocultamiento de droga, así como también armas y dinero en moneda nacional y boliviana.
La droga incautada equivale a 8 millones de dosis, avaluadas en 8 mil millones de pesos, los que irían directo a las arcas de los 10 de tenidos, ocho de los cuales serán formalizados durante es jornada por delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para el tráfico.
El fiscal jefe de la zona Centro-Norte, Andrés Montes, anunció que los involucrados –dos de los cuales quedaron citados a declarar- arriesgan penas de entre 10 y 20 años de presidio efectivo.