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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:21
El juicio por el incendio en la cárcel de San Miguel se inició el pasado 22 de julio.
Álex Valdés, El MercurioSANTIAGO.- El Sexto Tribunal Oral en lo Penal ordenó iniciar una investigación penal a la Fiscalía Centro Norte por las presuntas amenazas que habrían recibido los reos que declararán como testigos durante el juicio oral en contra de los ocho funcionarios de Gendarmería acusados por la muerte de 81 internos ocurrida el 8 de diciembre de 2010, tras el incendio que afectó el ala sur de la Cárcel de San Miguel.
Esto, luego que en la jornada de hoy un preso -de iniciales A.L.- previo a su declaración en el estrado, diera cuenta a los magistrados sobre los apremios de los que habría sido objeto por parte de gendarmes para evitar que atestiguara en contra de los empleados de la institución encausados por la Fiscalía Metropolitana Sur.
Lo anterior, según enfatizó el Ministerio Público, deriva en el delito de obstrucción a la investigación, razón por que solicitó que dicha declaración fuera remitida a la Fiscalía correspondiente y se investigara la existencia de presuntos ilícitos.
Tras los dichos del interno, también quedó de manifiesto que uno de los ochos acusados -Patricio Campos Tapia- aún se desempeña como alcaide del penal Santiago Uno, donde permanece recluido el reo en cuestión, quien lleva más de 30 años en la cárcel cumpliendo condenas por dos homicidios, un robo con intimidación, y otro delitos menores.
Dicho antecedente fue suficiente para que el tribunal aceptara las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía para el testigo, quien pidió ser trasladado hasta un recinto penitenciario en Los Andes.
Sobre la situación actual de Campos -quien se encuentra ejerciendo de manera activa en la institución- el fiscal regional Raúl Guzmán dijo que se ofició a la Dirección Nacional de Gendarmería "a efecto que de informe lo que señaló al testigo en cuanto a que además, había sido objeto de castigos dentro del penal".
Asimismo, recalcó que "el hecho que él (Campos) esté a cargo de un penal en donde están recluidas personas que son testigos en este juicio, puede constituir un obstáculo por lo tanto, vamos a ver qué medidas va a adoptar la institución respecto de ese acusado en relación a su vinculación con los eventuales testigos y víctimas que han declarado".
Guzmán también criticó las presuntas amenazas que posiblemente estén recibiendo los internos, detallando que "este hecho es particularmente grave dado que mucho de los testigos que van a declarar en este juicio son personas que están o estuvieron privados de libertad y de alguna forma mantienen alguna relación con Gendarmería".
El Ministerio Público pretende condenar a José Francisco Poblete, Fernando Andrés Orrego, Francisco Javier Riquelme, Patricio Álex Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal por su presunta responsabilidad en el deceso de los 81 internos recluidos en la cárcel de San Miguel.
Se espera que todos ellos atestigüen una vez terminada la presentación de todas las evidencias del ente persecutor penal, proceso que comenzó el pasado 22 de julio.
Tras la orden del tribunal de investigar las presuntas amenazas y posibles delitos de obstrucción a la investigación, el defensor público del ex jefe del Servicio Nocturno de la Guardia Interna José Hormazábal, Pedro Narváez, cuestionó la veracidad de denuncia, enfatizando que el testigo, antes de dar su testimonio, dio a conocer los hechos, pero fue la Fiscalía la que la hizo valer como denuncia.
Respecto a la situación actual de otro de los acusados -Patricio Campos Tapia- quien aún se desempeña como alcaide del penal Santiago Uno, afirmó que "no existe ninguna irregularidad" ya que es el cargo que le fue asignado y que cumple a diario tras las jornadas de juicio oral.
"Lo que pasa es que el tribunal tomó en cuenta ese dato para resolver el tema de sacar al reo de la unidad penal donde está actualmente el testigo", agregó, aludiendo a la medida de protección que el propio reo solicitó como condición para entregar su versión en el estrado.
Asimismo, aclaró que la decisión de mantener a Campos en el cargo es un tema interno de Gendarmería y que el tribunal no tiene ninguna ingerencia al respecto.
Por último, puntualizó que las amenazas que supuestamente estarían sufriendo algunos internos que declarán como testigo en la proceso judicial, no perjudican a las defensas sino todo lo contrario, ya que "nos favorece por un tema de credibilidad y veracidad".
