Corte Suprema realiza histórico mea culpa donde reconoce omisiones en régimen militar

SANTIAGO.- En una declaración histórica y a días de que se cumplan 40 años del golpe de Estado de 1973, la Corte Suprema realizó un público reconocimiento de la omisión de sus responsabilidades durante el régimen militar.

Tras una larga sesión plenaria, el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, leyó una declaración pública donde se señala que el Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema no cumplió su deber en defensa de los derechos humanos por "acciones u omisiones", evitando, sin embargo, mencionar la palabra "perdón".

El texto sostiene que los ministros consideraron "un deber" reconocer que "el quiebre de la institucionalidad democrática permitió la instalación de un régimen cívico militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país", registrándose atropellos como "muerte, desaparición forzosa, detenciones irregularidades y torturas".

"No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada", detalla la declaración.

Y agrega que principalmente, la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo y que no podía ignorar la efectiva ocurrencia de los ilícitos "toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados".

Asimismo, el texto enfatiza que "en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió".

Por último, la reflexión del tribunal sostiene que "claramente, a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática".

En el texto, el máximo tribunal también destacó que está comprometido con el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad e instó a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos "tal cual lo prescribe la Constitución Política".

La declaración de la Suprema se realiza dos días después del llamado de la Asociación Nacional de Magistrados que los instó a pedir perdón por los actos y omisiones cometidos por jueces durante ese periodo, tal como lo hizo la organización, y luego que el presidente Sebastián Piñera señalara que durante la época de Pinochet "el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos".