Basilio Becerra estuvo en Carabineros desde 1970 hasta 1983, cuando solicitó su retiro.
El Mercurio (archivo)SANTIAGO.- Miembros del Pacto Nueva Mayoría de Coyhaique, encabezados por el concejal Juan Catalán (PC), acusan al empresario y ex carabinero Basilio Becerra Echeverría de ser uno de los miles de falsos exonerados que fueron beneficiados con una pensión vitalicia destinada a personas que perdieron sus empleos por razones políticas durante el régimen militar.
En el último tiempo, Becerra se había perfilado como candidato al concejo regional (CORE) de Aysén por la Unión Demócrata Independiente (UDI), pero luego desistió.
Según indicó Catalán a Emol, si bien era un rumor "vox populi", hasta el último tiempo no se conocían antecedentes que demostraran que el ex uniformado tenía la calidad de exonerado político, la que le fue otorgada en el año 2009 por la entonces coordinadora nacional del Programa, Marta Joignant.
"Hay gente que efectivamente ha mal utilizado los recursos que fueron destinados para ir en reparación, de alguna manera, de los familiares que perdieron a sus seres queridos o bien para aquéllos que fueron torturados y exonerados", señaló Catalán, enfatizando que "es muy terrible que en el país se estén dando situaciones de estas características".
Por esa razón, anunció que "vamos a presentar a Contraloría todos los antecedentes que tenemos para que se compruebe lo que hemos venido diciendo, estamos convencidos de que es lo más correcto". En esa línea, recordó que fue dicho organismo el que detectó irregularidades en el otorgamiento de más de tres mil pensiones para ciudadanos presuntamente víctimas de la dictadura.
Retiro voluntario de Carabineros
Entre los documentos que evidenciarían que Becerra no tendría calidad de exonerado, aparecen declaraciones hechas por el ex policía en el marco del proceso que lleva la Corte de Apelaciones de Coyhaique por el secuestro y ejecución de Sergio Alvarado Vargas –apodado el "cachorro Vargas"–, ocurrido en octubre de 1973 en la entonces Segunda Comisaría de Puerto Aysén, donde permanecía detenido tras el Golpe de Estado.
En una de las entrevistas –con fecha 5 de diciembre de 2008, realizada en dependencias de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Aysén–, el ex carabinero dice que "ingresé a Carabineros de Chile el 1 de diciembre de 1970 a prestar servicios en la ciudad de Puerto Aysén, donde permanecí trece años, siendo destinado el año 1983 a la 5ta Comisaría de Carabineros de San Javier, lugar donde solicité mi retiro voluntario de la institución".
El también ex concejal ratificó sus dichos el 17 de julio de 2009, en una nueva declaración judicial ordenada por el ministro en visita Luis Sepúlveda Coronado, –actual presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique–, donde niega cualquier responsabilidad en el asesinato de Alvarado.
Al momento de este último interrogatorio, Joignant ya había resuelto otorgarle a Becerra la condición de exonerado político y los beneficios previsionales por gracia contemplados en la Ley 19.234, que establece la entrega de una pensión a aquellas personas que perdieron sus empleos durante el periodo del régimen militar por razones políticas.
En su resolución –con fecha 2 de julio de 2009– establece que la Comisión Especial del Programa "informó favorablemente respecto al carácter político de la exoneración de que fue objeto el señor Becerra" entre el 1 de mayo de 1983 y el 10 de marzo de 1990.
Asimismo, establece que debe concederse "a dicha persona el beneficio de pensión no contributiva que ha sido determinado por el informe emitido por el Instituto de Previsión Social", esto es, una asignación por gracia –de carácter vitalicio– que otorga el Presidente de la República a quienes fueron removidos de sus cargos por causas políticas durante el gobierno militar.
El informe asigna un monto inicial de $ 86.030 que deberá ser reajustado anualmente entre los años 1999 y 2008.
"Me vi en la obligación de solicitar mi retiro"
Consultado al respecto, Basilio Becerra explicó a este medio que efectivamente recibe mensualmente una pensión "por mi calidad de exonerado político".
"Después de casi 13 años en Carabineros, me trasladaron porque mi hermana era contraria al gobierno militar y la buscaban", afirmó. Detalló que "cuando llegué a Talca la situación se hizo insostenible, estaba lejos de mi familia y me vi en la obligación de solicitar mi retiro".
Becerra también comentó que durante el último tiempo que estuvo en la institución todo se hizo muy difícil para él y remarcó que lo que vivió en Carabineros durante ese periodo tuvo relación con la tendencia política de su hermana.
Por lo mismo, sostuvo que si bien en la práctica su retiro fue voluntario, "era algo en que no tenía opción, y por eso, cuando se incorporaron los beneficios previsionales a los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros" –además de la PDI– "decidí hacer los trámites para postular".
Sin embargo, remarcó que "nunca negué que mi renuncia fue voluntaria, eso está en los papeles que entregué para recibir la pensión. Quienes dicen lo contrario están sumamente equivocados".
Por último, Becerra –quien además es dueño de una radioemisora en Puerto Aysén– anunció que se querellará contra los responsables de las injurias y calumnias que se han vertido en su contra, situación que –según afirmó– lo llevaron a declinar de su candidatura al CORE por la UDI.
"Después de todo esto, era muy difícil continuar en la carrera", concluyó el ex carabinero, afirmando que continuará dedicado a sus negocios y lejos, por el momento, de la política.