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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:53
SANTIAGO.- Luego de diversas sesiones de análisis, la Comisión de Obras Públicas dio por despachado en general el proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
La iniciativa, en segundo trámite, fue ingresada al Congreso Nacional en enero de 2012. En lo sustancial, busca aumentar la efectividad y cobertura de los actuales tipos penales que sancionan la usurpación y el robo de agua, de manera de incluir también el hurto de las napas subterráneas.
Asimismo, refuerza ciertos artículos del Código de Aguas como las herramientas de la DGA para mejorar la fiscalización y recabar información sobre los derechos hídricos y de aprovechamiento del recurso.
La noticia fue entregada por el presidente de la instancia, senador Alejandro García Huidobro, quien manifestó su beneplácito con el acuerdo que permitirá que la Sala en las próximas semanas analice la idea de legislar.
El parlamentario indicó que la iniciativa pretende actualizar la legislación que rige el uso de este recurso, considerando las necesidades que hoy presentan comunidades de regantes, campesinos y también la población urbana e industrial.
"Destaco del proyecto el hecho que busca regularizar situaciones que no están cubiertas por la ley como son la usurpación de agua subterránea y superficial, el aumento de multas y el fortalecer a la Dirección General de Aguas (DGA) para que ejerza su rol fiscalizador de mejor manera", explicó.
En tanto, el senador Hosaín Sabag, quien asistió a la última sesión en reemplazo del senador Eduardo Frei, comentó que en la zona norte es habitual constatar irregularidades como pozos profundos al margen de la ley.
Al respecto, señaló que la Cámara de Diputados en el primer trámite del proyecto, elevó las multas con el fin de castigar el hecho.
Dado ese escenario, el congresista aseguró que este segundo trámite, los senadores han querido ponderar dichas sanciones de manera de entregar el justo poder a las autoridades para fiscalizar y a la vez, velar por los derechos de los regantes que cuentan con sus permisos al día.
