Operación Heidi: Víctimas declararán en juicio contra acusados por red de prostitución infantil

SANTIAGO.- Las doce presuntas víctimas vinculadas a la supuesta red de prostitución infantil, desbaratada en el marco de la Operación Heidi, declararán durante el juicio oral en contra de los seis imputados que no llegaron a procedimientos abreviados luego que la Fiscalía Metropolitana Sur aceptara que onde de los encausados pudieran optar a beneficios a cambio del reconocimiento de los hechos por los que fueron formalizados.

Así quedó establecido luego que el Séptimo Juzgado de Garantía acogiera dichos testimonios como parte de la prueba con la que el Ministerio Público intentará acreditar la responsabilidad de  Marisol Mejías Garrido, Julia López Lazcano y Sonia Vásquez Luci en los delitos de facilitación y promoción de prostitución infantil, y la participación de Genaro Fernández Matus, Jorge Chong Pedraza y Manuel Lucero Muñoz en el ilícito de obtención reiterada de servicios sexuales de menores.

Además del relato de las mujeres -tres de ellas aún no han cumplido 18 años-, también serán ofrecidas más de 2 mil escuchas telefónicas, así como los contratos de arrendamiento de los departamentos donde se cometían los delitos y los certificados de los vehículos de los clientes que ingresaban a los prostíbulos que operaban en el centro de Santiago.

Asimismo, serán llevadas a juicio evidencias materiales como álbumes fotográficos con diversas imágenes en su interior, fotografías con diverso contenido sexual, agendas telefónicas incautadas en el sitio del suceso, tarjetas bancarias, ropa interior femenina, computadores y celulares.

Con todo lo anterior, la Fiscalía pretende condenar a López -una de las regentas- a 13 años de presidio por el delito de promoción y facilitación de menores, y a 541 días por porte de municiones.

En el caso de Mejías, el ente persecutor penal espera una pena de 10 años por el delito de facilitación y promoción, mientras que para Lucero -quien además enfrenta cargos por almacenamiento de pornografía infantil- la condena podría alcanzar los 22 años.

Respecto a Genaro Fernández, la Fiscalía pidió un castigo de 7 años por obtención de servicios sexuales y 7 años más por el delito de estupro. A eso se le suman 541 días por almacenamiento de pornografía infantil y cuatro años por producción de las mismas.

La regenta Sonia Vásquez, en tanto, tiene mayor penalidad, pues en su contra pesan los cargos de facilitación habitual de menores, incluida su hija, por lo que el Ministerio Público pidió un total de 25 años.