Subprefecto Miguel Ampuero, jefe de la Bipe Metropolitana de la PDI.
El MercurioSANTIAGO.- "Todos en la comunidad sabían que después de que mi hijo naciera debía ser asesinado por Ramón Castillo Gaete. Todos sabíamos que debía ser así y que debíamos obedecer sus instrucciones, él era Dios".
La declaración, entregada el 18 de abril -en dependencias de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI- por Natalia Guerra Jequier, una de las seguidoras del autodenominado "Antares de la Luz", reveló una de las prácticas más escabrosas realizadas durante un ritual sectario y que precisamente ocurrió en Chile en noviembre de 2012, en el cerro Colliguay, comuna de Quilpué.
"La noticia causó tal revuelo que incluso desde Francia y Estados Unidos nos consultaron respecto al ritual del sacrificio humano y sus características, porque hasta ahora, nunca se había llegado a establecer dicha práctica", detalló a Emol el jefe de la Bipe Metropolitana, Miguel Ampuero, puntualizando que fue ese el argumento base para crear, en julio de 2013, el Grupo de Análisis e Intervención Antisectas de la PDI (GAIA), dependiente directamente de su brigada.
"Científicamente acá se comprobó que el rito se llevó a cabo ya que con el hueso de la cadera que encontramos al interior de la excavación donde había sido sacrificado el bebé, éste dio positivo para 'Antares' y Natalia (madre del lactante), lo que nos confirma que el delito sí se cometió", enfatizó.
Desde entonces, agregó, "hemos recibido varias informaciones de comunidades que podrían tener calidad de sectas, pero ya hemos descartado algunas que sólo son agrupaciones realmente dedicadas a la parte espiritual".
Especialización en agencia francesa
El aumento de información y denuncias en esta materia, obligó al alto mando institucional a ordenar una serie de capacitaciones para que el equipo -integrado por diez personas- se especializara en la investigación de sectas de "carácter riesgoso", cuyo hermetismo "dificulta la indagatoria y hace que el trabajo sea muy largo", explicó Ampuero.
Fue así como se tomó contacto con una agencia gubernamental francesa dedicada a detectar agrupaciones religiosas de este tipo, vulnerables a la concreción de delitos.
Se trata del organismo denominado Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias (Miviludes), creado en 2002 con el objetivo de monitorear, vigilar y combatir comunidades en la que existe, entre otras características, la manipulación mental.
"En París se han realizado muchos estudios al respecto y fue por esa razón que se eligió conocerlo, ya que además, tiene más de 10 años de experiencia persiguiendo este tipo de agrupaciones", dijo el jefe policial.
Añadió que otro de los objetivos del viaje -que se concretaría tentativamente en enero- es familiarizarse con las medidas que han adoptado los países europeos más afectados con el aumento significativo de estos grupos, específicamente Francia y Suiza.
Libertad de culto
El subprefecto Miguel Ampuero aseguró que el caso de Chile las investigaciones respecto al desarrollo de sectas de carácter riesgoso "son bastante más complejas" debido a que en el país existe libertad de culto, y por tanto, pertenecer a una comunidad o ser seguidor de una doctrina religiosa o ideológica concreta no es un delito.
"Sí lo sería en el supuesto que al interior del grupo sus miembros incurran en malas prácticas, como manipulación mental, uso de drogas o sacrificios humanos o de animales", detalló, afirmando que primero se deben tener antecedentes suficientes para estimar que se están cometiendo ilícitos para luego "informar al fiscal correspondiente y recibir una orden de investigar".
"Pero es un proceso lento y por lo mismo, necesitamos estar preparados", reafirmó, concluyendo que la capacitación en Francia "es la primera de varias que tienen contempladas".