SANTIAGO.- Tras recibir el pasado miércoles una denuncia por la situación que afecta a los habitantes de la torre de Carlos Antúnez, la Fiscalía de Ñuñoa abrió una indagatoria para investigar la contaminación con aguas servidas que sufrieron los vecinos en la comuna de Providencia.
El fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, instruyó al fiscal Francisco Jacir para dirigir las indagatorias que -según las autoridades de salud- ha afectado a 417 personas.
"Se indagará el posible delito de adulteración de sustancias alimenticias, dentro de las cuales se considera explícitamente el agua potable" dijo el fiscal Jacir.
Vacuna contra la hepatitis
Ayer, en tanto, se informó que todos los residentes del edificio afectado deberán vacunarse para prevenir el contagio de hepatitis A.
Esto, debido a las casi dos semanas que estuvieron consumiendo agua potable contaminadas por las aguas servidas que filtraron el pozo donde acumulaban el líquido para uso diario.
Aunque se estima que unos 300 habitantes del edificio consumieron el agua contaminada, 47 deberán inocularse contra la enfermedad viral.
El Hospital Salvador fue instruido por las autoridades sanitarias para afrontar la emergencia y prestar tratamiento a los adultos que así lo requieran, lo mismo el Hospital Calvo Mackenna para atender a los menores afectados.
Mientras, para limpiar los ductos es necesario sacar más de 80 mil litros de líquido por lo que la municipalidad de Providencia ya dispuso dos estanques y camiones aljibe.
En este tipo de casos, las penas contempladas en la ley van desde multas (6 a 20 UTM) e incluso pueden llegar a los diez años de presidio de confirmarse una acción dolosa que implique la muerte o un grave daño para la salud de las personas.