Jaime Mañalich, ministro de Salud.
Emol
SANTIAGO.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, no aceptó ninguna responsabilidad en los cargos por injurias graves presentada en su contra por los diputados Juan Luis Castro (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD), quienes lo acusan de emitir declaraciones asegurando una la presunta vinculación de los parlamentarios a industrias farmacéuticas sobre la incidencia del voto en la Cámara Baja.
Esto, porque según argumentó frente al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con sus dichos a la prensa no tuvo ánimo de injuriar a los diputados, sino más bien, informar acerca de una realidad que sucede con dichas industrias.
La argumentación del secretario de Estado no fue acogida por la parte querellante y la opción de algún acuerdo fue desechada por ambas partes, lo que obligó al tribunal a fijar audiencia preparatoria de juicio oral para el próximo 27 de febrero, instancia en que los intervinientes presentarán las pruebas que pretenden llevar a juicio para acreditar la hipótesis de cada uno.
Según recalcó Mañalich, la intención de sus declaraciones fue dejar en evidencia "el esfuerzo que ha hecho la industria farmacéutica para llegar a los agentes que tienen que tomar las decisiones y votar estas leyes", aludiendo al proyecto que pretende mejorar el acceso a medicamentos para las personas más vulnerables.
"Eso está documentado en la prensa, en fotos, grabaciones y por los mismos parlamentarios que dicen que el lobby en esta materia ha sido extraordinario, en peticiones de una presidente de una comisión de una sesión sin asesores y con cámaras de televisión presentes para garantizar que la discusión se está haciendo sin la industria farmacéutica", detalló.
Asimismo, aseguró que en ese contexto "he señalado que la industria ha sido extremadamente activa para acercarse a determinados parlamentarios y en un programa de televisión señalé algunos nombres de parlamentarios donde he visto mucha actividad de la industria para victimizar a estos parlamentarios y transformarlos o influirlos".
"Que eso haya ocurrido o no, como lo he señalado en las mismas entrevistas, no me consta, pero evidentemente el esfuerzo de la industria ha estado presente y creo que ha tenido como mérito el que se haya acentuado la discusión de la ley del lobby que responde a todo lo que ha ocurrido con el lobby farmacéutico durante la tramitación de esta ley".
Sobre los cargos presentados en contra del ministro, la defensa -encabezada por Luis Hermosilla- agregó que su cliente "lejos de haber cometido un delito, lo que ha hecho es cumplir con su deber legal y profesional de, no sólo cumplir las instrucciones del Presidente de la República, sino que de proteger el bien común y de la comunidad".
"Existe una abundante prueba de lo que fue el lobby farmacéutico en relación con la ley de fármacos, eso está documentado y vamos a poder, durante el juicio, entregar dichos antecedentes y citar a los parlamentarios querellantes para que dé cuenta de cuántas son las reuniones que han sostenido y con cuántos se han juntado", detalló.
En la misma línea, puntualizó que "nunca ha estado en el ánimo de él (Mañalich) denostar, menoscabar ni afectar el honor de los señores Castro y Núñez", concluyendo que "el ministro Mañalich está pagando un costo personal por defender los intereses de la población chilena en materia de precios y calidad de los fármacos".
Querellantes
En tanto, para uno de los abogados querellantes, Enrique Aldunate, las afirmaciones realizadas por el ministro el día 13 de junio pasado "es una imputación concreta y directa a los parlamentarios y nosotros entendemos que mientras eso no se aclare y precise, el acuerdo no puede prosperar".
Asimismo, descartó que su objetivo sea la retractación y las disculpas públicas de Mañalich, enfatizando que "nosotros entendemos que acá se da una instancia en que las partes pueden conversar una solución razonable y en la medida que no llegue a las palabras y términos adecuados, no hay acuerdo".
Por último, recalcó que su intención es que se reconozca -por parte del titular de Salud- que no hay antecedentes razonables que puedan sostener que hubo lobby, no descartando por su parte, llegar hasta un juicio oral.
