Querellante en Caso Tsunami respalda a ministro Muñoz y asegura que Bachelet sí incumplió deberes tras la tragedia

SANTIAGO.- El abogado querellante en el caso Tsunami, Carlos Fairlie -que representa a los diputados Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) y sus pares de RN, Pedro Brown y Frank Sauerbaum- respaldó este jueves la conclusión del presidente electo de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien responsabilizó a la Mandataria de entonces por los destrozos y saqueos registrados en San Pedro de la Paz tras la madrugada del 27-F.

Según dijo a Emol "efectivamente existe cierta razón en el sentido de que hubo daño hacia las personas que no fueron protegidas debidamente en el minuto que se necesitó", enfatizando que "esto viene a respaldar lo que he señalado desde un comienzo respecto a que las autoridades de la época tienen responsabilidad en la figura de denegación de auxilio".

Lo anterior, aludiendo a la argumentación del magistrado, quien se opuso al fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal que resolvió rechazar la demanda de indemnización de perjuicios presentada por un grupo de pequeños comerciantes de dicha ciudad por la supuesta responsabilidad del Estado en los hechos registrados tras la tragedia.

"Michelle Bachelet si bien no tuvo responsabilidad penal, sí la tuvo en el ámbito político y eso se debió manifestar en una acusación constitucional en su contra en el debido momento", continuó Fairlie.

Muñoz, por su parte, argumentó que su voto en contra responde a que presidenta electa incumplió sus deberes de servicio la madrugada del 27 de febrero de 2010, ya que en vez de mandatar a las Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo del orden público tras el terremoto, se adoptaron "medidas insuficientes que no fueron capaces de resistir ni previeron la presión ejercida por personas en condiciones de caos".

La resolución -conocida este jueves- además descarta una posible infracción por la declaración tardía de estado de excepción constitucional, determinando que esa facultad es propia del Poder Ejecutivo y ajena al control de la autoridad jurisdiccional.