Corte ordena a UST entregar informe que validó alza del arriendo de sus sedes

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Universidad Santo Tomás (UST) entregar el informe realizado por la consultora Colliers International, que validó el alza del precio que pagaba la universidad por el arriendo de sus sedes.

En el año 2011, se duplicó el precio que pagaba la universidad por el arriendo de los inmuebles que ocupaba a una empresa inmobiliaria relacionada. En ese marco, se solicitó a la consultora que estimara el valor del arriendo de las sedes según el precio de mercado.

El informe Colliers había sido solicitado, a través del Consejo para la Transparencia, por Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Pero la U. Santo Tomás presentó un reclamo de ilegalidad para impedir que se hiciera público, lo que fue rechazado de manera unánime por la novena sala de la Corte de Apelaciones, por lo que ahora el documento debe ser entregado a quien lo solicitó.

Basso fue quien denunció a la U. Santo Tomás por presunto lucro ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, tras realizar una investigación sumaria, la cartera sobreseyó de los cargos al plantel, precisamente considerando, entre otros antecedentes, lo señalado en ese informe.

Patricio Basso explicó a Emol que solicitó el informe para "clarificar si efectivamente mi denuncia de lucro tenía o no sustento". Dijo que previamente había recibido este informe, tras una petición que realizó directamente al Ministerio de Educación, pero que no fue posible extraer ninguna conclusión, ya que el documento estaba "incompleto".

De todas formas, dijo que constató que la consultora Collier no había sido contratada por la universidad, sino que por la empresa que le arrendaba las sedes. Al respecto, sostuvo que "es extraño que quien contrató a la empresa Collier para que fijara el valor de los arriendos no fue la universidad, que es lo lógico, para ver si lo que le estaban cobrando era lo correcto o no, sino que fue la empresa constructora, que tiene los mismos dueños".

Basso también cuestionó que el Ministerio de Educación no haya solicitado, durante su investigación, un informe independiente para verificar si los precios de arriendo que estaba pagando la universidad eran efectivamente los de mercado, y que se haya quedado sólo con el estudio encargado por las propias partes interesadas.

"Lo lógico es que el ministerio hubiera pedido un informe independiente, porque ese informe no es confiable, el ministerio no hizo la investigación como debiera hacerse", afirmó.