El rector Valle sostuvo que la gratuidad "es una verdad que nadie puede discutir" y advirtió que "si Chile no supera el copago, se expone a riesgos mayores".
El MercurioSANTIAGO.- Un fuerte respaldo entregaron las universidades estatales a la reforma educacional incluida en el programa de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, que contempla la gratuidad en todo el sistema educacional, incluyendo la educación superior.
Así lo indicó el rector Aldo Valle, presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), quien sostuvo que "es urgente que Chile tenga un sistema de educación público gratuito, que la educación efectivamente sea un derecho social disponible para todos, y que ese programa, tal como está comprometido, efectivamente se lleve adelante".
Por esa razón, declaró que los rectores de las universidades estatales "respaldan" la política de gratuidad comprometida por el próximo Gobierno, a la que también quieren "contribuir" y "estar atentos a que no se pierda en el camino". "Expresamos nuestra voluntad de respaldar esa política de gratuidad y afirmar con toda claridad que la educación superior pública debe ser gratuita y que las instituciones del Estado deben ser las primeras en comprometerse en eso", afirmó el rector, tras una sesión del CUECh, realizada en Arica.
El rector de la U. de Valparaíso sostuvo que la gratuidad –demanda levantada por el movimiento estudiantil– "es una verdad que nadie puede discutir" y subrayó que "el modelo de mercado en la educación, de los sistemas de copago, de créditos y de endeudamiento para educarse en Chile son un fracaso".
En esa línea, advirtió que "si Chile no supera eso, la verdad es que el país se expone a riesgos mayores", por lo que llamó "a la sensatez y responsabilidad" de quienes toman las decisiones, "para que de una vez por todas se dé este camino".
Respecto de la implementación de esta medida, el académico sostuvo que la gratuidad "debe partir por la educación pública". "Celebramos y respaldamos este compromiso de gratuidad universal, pero partiendo por el sistema de educación pública, porque sólo de esa manera será verdaderamente un sistema de educación pública", subrayó.
Para que eso se concrete, afirmó que el Estado debe proveer los recursos que esas instituciones necesitan, "para ser efectivamente instituciones públicas y no tratar a sus estudiantes como clientes".
Asimismo, sostuvo que hay consenso en que la gratuidad debe ser "responsable" con el gasto público, por lo que es necesario que las carreras se cursen "en los tiempos que corresponda" y que la medida "no termine en un dispendio de recursos públicos". Junto a eso, remarcó que la gratuidad no debe basarse en "endeudamientos posteriores para los jóvenes, lo que sería un trato discriminatorio". "No entendemos la gratuidad en ese sentido, sino como una auténtica igualdad de oportunidades para todas las personas", afirmó.
Carreras que no completaron sus cupos
Respecto de las carreras que en este proceso de admisión no lograron atraer a los estudiantes y se quedaron con numerosas vacantes sin llenar –entre ellas pedagogía–, el rector deslizó una crítica al Ministerio de Educación, afirmando que éste enfatiza en la "rentabilidad y empleabilidad" de las carreras, más que en la vocación de los estudiantes y en la relevancia que tienen esos programas para el desarrollo del país.
"Si el propio ministerio propone como dato relevante la rentabilidad y el empleo mucho más que la vocación, es obvio que aquellas carreras que presentan datos deprimidos en rentabilidad y empleabilidad no tienen la preferencia de los estudiantes, ahí la vocación ha salido de vacaciones y parece que no fuese relevante en las políticas públicas", sostuvo.
A juicio del rector, las políticas del Estado debieran responder a las necesidades del país y potenciar carreras relevantes, como pedagogía, entregando aportes basales a las universidades, para que éstas no se vean obligadas a cerrar los programas importantes que tienen poca demanda.
También criticó el proyecto de Carrera Docente Inicial, impulsado por el ministerio y que se tramita en el Congreso, afirmando que "es una respuesta deficiente y parcial", que "evade" el problema de fondo que afecta a los profesionales de la educación. En su opinión, "se necesita de una reforma estructural que aborde sistémicamente" ese tema e incremente la retribución que reciben los profesionales de esa área.