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Corte Suprema solicita a Australia extradición de ex agente de la DINA

Se trata de Adriana Rivas, en el marco del conocido "episodio Conferencia 2".

16 de Enero de 2014 | 11:32 | Emol
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Ricardo Abarca, El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- La Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición de la ciudadana chilena radicada en Australia, Adriana Rivas, quien se encuentra sometida a proceso por el secuestro calificado de Víctor Díaz en 1976, en el cuartel Simón Bolívar de la DINA.
 
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal determinaron que es procedente acceder a la solicitud del ministro Miguel Vázquez, quien encausó a la imputada en el conocido "episodio Conferencia 2".


El dictamen sostiene que en este caso "la persona solicitada se encuentra suficientemente individualizada, habiendo prestado declaración en su oportunidad ante el instructor y existiendo antecedentes que la señalan en la situación investigada".


"Se trata de un delito que no tiene carácter político. Existe auto de procesamiento pronunciado contra la imputada respecto de quien se ha librado orden de captura internacional y la acción penal no se encuentra prescrita, teniendo en consideración al respecto que se trata de un delito de lesa humanidad", señala.


La resolución agrega que "el ilícito fue cometido en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo las víctimas un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio".


"A los ejecutores de dicho programa se les garantizaba impunidad mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atingentes, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña tendiente a desprestigiar al gobierno autoritario", concluye el dictamen.


La resolución de la Segunda Sala fue suscrita por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas y Juan Escobar (suplente), y el abogado integrante Luis Bates.

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