El ministro Jorge Zepeda
El MercurioSANTIAGO.- El abogado de Derechos Humanos Eduardo Contreras junto a familiares de ejecutados y ex prisioneros políticos solicitaron al ministro Jorge Zepeda que entregue las 40 mil fichas encontradas en Colonia Dignidad en 2005, que contendrían información importante para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar.
El año 2005, los documentos fueron incautados por el magistrado, quien amparado por la Ley de Inteligencia Nacional (19.774) "las calificó de secreto de Estado y las envió a guardar a dependencias de la PDI, argumentando normas de inteligencia nacional, lo que nos parece grave y preocupante", dijo a radio "Cooperativa".
Respecto a la normativa, el defensor explicó que ésta "establece claramente que sólo procede el secreto cuando se trata de antecedentes que dañan la soberanía nacional y el orden constitucional", por lo que "antecedentes que tienen que ver con temas tan graves como la situación de detenidos desaparecidos, su ocultamiento atentaría contra la soberanía nacional y el orden constitucional, no su difusión, por lo que creo que hay un error grave por parte del ministro Zepeda".
"Como abogado de Derechos Humanos vamos a solicitar que se ordene la entrega de esos antecedentes (...). Si eso no ocurriera nos encontraríamos en situación de analizar si lo que está ocurriendo es obstrucción a la justicia", agregó Contreras, quien junto a una delegación encabezada por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Luego de la conversación, el jurista manifestó que "efectivamente nos parece que no ha habido la debida colaboración de la Fuerzas Armadas en materias de esclarecimiento de los temas de Derechos Humanos (...) Nos hace ver con preocupación que hoy día después de 40 años los altos mandos del Ejército no tengan un acto de cooperación y no tenerla nos lleva a explicarnos que tácitamente hay un respaldo a todos los delitos cometidos en dictadura".
Respecto a las fichas, Contreras dijo que "se dice que éstas comprometen a muchas personalidades de la vida política y la vida pública chilena".