Futuro subsecretario Lara comprometió pago de $120 millones para desistimiento de querella

SANTIAGO.- El designado subsecretario de Agricultura, Hugo Lara Torres, se comprometió al pago de $120 millones a cambio del desistimiento de la querella por estafa y apropiación indebida interpuesta en octubre de 2013 en su contra por el empresario Pedro Antonio Silva Arrué, quien representa a Raciosil Alimentos S.A., firma proveedora del Programa de Alimentación Escolar de Chile.

Según confirmaron a Emol cercanos a la indagatoria, el acuerdo se cerró el mismo día en que se conocieron públicamente los casos por presuntos delitos económicos en los que ha estado involucrada la futura autoridad.

En dicha instancia, la defensa del profesor de Historia y Geografía y el abogado querellante, Felipe Vicuña Neuber, acordaron que la entrega del dinero se realizaría en 12 cuotas de $10 millones cada una, lo que incluye un saldo por concepto de intereses, ya que lo adeudado alcanza los $114.157.347.

Consultado al respecto, Vicuña Neuber confirmó a este medio que un día antes de presentar ante el 11° Juzgado de Garantía su solicitud de desistimiento respecto a la querella -el pasado 5 de febrero- "se logró un acuerdo satisfactorio entre las partes" después de varias tratativas previas.

Tras el acuerdo, la parte querellante que acusó a Lara por "perjuicio" también solicitó al tribunal que fije una audiencia para discutir el acuerdo reparatorio -que ya se concretó- y el sobreseimiento definitivo para el docente con posgrado en Gestión de Desarrollo Rural, la cual fue programada para el 4 de abril a las 09:00 horas.

Antecedentes

La acción judicial en cuestión fue presentada el 2 de octubre de 2013 por Silva Arrué y fue acogida a trámite por el 11° Juzgado de Garantía. Posteriormente fue derivada hasta la fiscalía Metropolitana Sur a cargo del fiscal Marco Núñez.

En el escrito se detalla que dicha empresa contrató los servicios de Copromaule -firma de la cual Lara era el representante legal- para obtener las frutas que serían entregadas dentro de las raciones alimenticias destinadas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y con jardines infantiles de las redes Junji e Integra en diferentes regiones del país.

En virtud de lo anterior, con fecha 31 de enero de 2013 se celebró un contrato de compraventa de frutas entre la empresa representada por el querellante y la firma a cargo de Lara Torres.

En dicho acuerdo, según se denunció, Copromaule decía tener una capacidad de producción mensual aproximada de 500.000 kilos, por lo que Raciosil Alimentos S.A. negoció con el designado subsecretario la entrega anual de 800.00 kilos de manzanas y 600.000 kilos de peras, los que no fueron entregados en su totalidad.

Además, agrega la querella, después de varias averiguaciones, se pudo establecer que Copromaule "jamás ha tenido la capacidad de abastecer al mercado nacional con una producción promedio aproximada de 500.000 de fruta al mes, pues actúa como un simple intermediario, que les compraba la fruta a ellos y luego la vendía".

Mientras, el marco de la investigación aún desformalizada, el Ministerio Público solicitó un informe a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, el que fue entregado la semana pasada a la Fiscalía.

En él se concluye que existen antecedentes para establecer la participación del querellado en el delito de estafa, según cuentan fuentes conocedoras de la causa.