Fiscalía Sur logra llevar a juicio prueba clave en caso de red de explotación sexual infantil

SANTIAGO.- Videos que reproducen la declaración de tres de las doce presuntas víctimas de la red de explotación sexual infantil desbaratada por la Fiscalía Sur en noviembre de 2012 en el marco de la denominada "Operación Heidi", podrán ser exhibidos en el juicio contra los seis acusados -que no llegaron a procedimientos abreviados- programado para este jueves ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Lo anterior, luego que la Corte de Apelaciones, tras un requerimiento del Ministerio Público, ordenara la reincorporación del material obtenido al interior de las salas Gesell y que había sido desechado por el Séptimo Juzgado de Garantía durante la etapa procesal previa.

Para la Fiscalía, dicha evidencia contenida en la acusación bajo la calificación de "otros medios de prueba", es clave para sostener su teoría respecto a la participación de los imputados en los delitos de facilitación y promoción de prostitución infantil -en el caso de las regentas Marisol Mejías Garrido, Julia López Lazcano y Sonia Vásquez Luci- y los hechos de obtención reiterada de servicios sexuales de menores que pesan sobre Genaro Fernández Matus, Jorge Chong Pedraza y Manuel Lucero Muñoz.

Se trata específicamente de imágenes audiovisuales de las entrevistas efectuadas a las menores y que fueron realizadas en habitaciones acondicionadas para observar las conductas de las víctimas sin que éstas se sientan presionadas por otra persona que las analiza, evitando la revictimización de las mismas debido a que el procedimiento sólo se efectúa una sola vez.

Para el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, la incorporación de esta prueba es fundamental porque "aquí se ha llevado adelante una investigación bastante acuciosa por parte de los fiscales a cargo de la misma –Cristián Suárez y Juan Pavez- que logró desbaratar todo un sistema que existía para explotar sexualmente a menores".

"Es en este escenario que como Ministerio Público tenemos la obligación de proteger y respetar a los menores evitando su revictimización en una audiencia de juicio oral, por tal motivo, la incorporación de prueba que efectuó la Corte de Apelaciones de Santiago en orden a emitir las videograbaciones de sus declaraciones, nos permite concretar esta finalidad y evitar, además, la exposición de las víctimas garantizando tanto sus derechos como los de las defensas", detalló a Emol.

Asimismo, Guzmán aseguró estar confiado ante la posibilidad de un veredicto condenatorio ya que "los resultados que han demostrado las indagatorias de este caso son bastante claros y categóricos", atribuyendo lo anterior al éxito del trabajo de la Fiscalía.

"De todo el conjunto de personas que fue formalizada, ya tenemos doce condenas en procedimientos abreviados. En dichas instancias, se mostraron los antecedentes reunidos que fueron corroborados por las defensas y valorados y aceptados por el tribunal, aplicándose –de esta manera- las respectivas penas por los delitos de obtención de servicios sexuales de menores de edad que en algunos casos son de carácter de reiterados", continuó.

Por último, recalcó que quienes finalmente serán llevados a juicio oral corresponden a aquellos acusados que por la gravedad de los hechos que pesan en su contra arriesgan penas efectivas de cárcel.

"Tenemos la confianza de que la prueba reunida que se ofrecerá ante el tribunal, será de la calidad y suficiencia necesaria para obtener sentencias condenatorias", puntualizó.

Otras evidencias

En el juicio oral, la Fiscalía Sur también presentará el testimonio de varias de las presuntas víctimas, además de más de 2 mil escuchas telefónicas que darían cuenta de la participación de los acusados en los delitos detallados en la acusación fiscal.

También serán exhibidos álbumes fotográficos, imágenes con diverso contenido sexual, agendas telefónicas incautadas en el sitio del suceso, ropa interior femenina, los contratos de arrendamiento de los departamentos donde se cometían los delitos y los certificados de los vehículos de los clientes que ingresaban a los prostíbulos que operaban en el centro de Santiago.

Todo lo anterior para lograr condenar a Julia López a 13 años de presidio efectivo, a Marisol Mejías a 10 años de cárcel, a Manuel Lucero -quien además enfrenta cargos por almacenamiento de pornografía infantil- a una pena de 22 años, a Genaro Fernández a 15 años de cárcel por obtención de servicios sexuales de menores, estupro, almacenamiento y producción de pornografía infantil.

En el caso de la regenta Sonia Vásquez, en tanto, el Ministerio Público pretende condenar a 25 años de presidio efectivo pues en su contra pesan los cargos de facilitación habitual de menores, incluida su hija, mientras que para Diego Méndez sólo espera una condena de 7 años.

Masiva detención

La tarde del 15 de noviembre de 2012 la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI recibió la orden para allanar dos prostíbulos ubicados en el centro de Santiago, logrando detener a tres mujeres a cargo de los locales y a conocidos clientes en flagrancia.

En total fueron 13 las personas aprehendidas en esa oportunidad que luego fueron formalizadas en una extensa audiencia que terminó con la prisión preventiva de todos.

Entre ellos figuraba el productor musical de TVN de ese entonces, Jaime Román Canales, el ex candidato DC a la alcaldía a Renca en 2004 Diego Méndez Amor, el empresario de San Felipe Enrique Manzur Manzur, y el dibujante y creador de la célebre revista infantil "Barrabases", Guido Vallejos.

Todos ellos, sin embargo, aceptaron una salida alternativa a cambio del reconocimiento de los delitos, siendo condenados a penas de cárcel, pero con el beneficio de la libertad vigilada.