En esa línea, la salubrista expone que "las isapres tienen fines de lucro y lo defenderán, pero todo en la medida de lo posible. Lucremos, pero sin el nivel de discriminación que hay hoy. Debemos desarrollar una propuesta que termine con los abusos, pero no estamos hablando de terminar con el sistema".
Respecto de los principales puntos de la reforma impulsada durante el gobierno de Piñera, aseguró que "el Plan Garantizado de Salud no daba cuenta de todas las injusticias que se cometen con la gente", y respecto del IPC del ramo, afirma: "Voy a ser bien categórica: la idea que crea el IPC de la Salud es positiva, en la medida que los planes suban de acuerdo a lo que suben las cosas".
No obstante, advirtió que "este mes el indicador es sobre cinco puntos. Entonces, me parece que puede ser una herramienta de doble filo si no la manejamos de una forma más racional".
Según Molina, el hecho de que las isapres y clínicas sean controladas por los mismos grupos económicos, hace que el indicador se distorsione. "Podría ser útil para mí si no existiera la integración vertical. Porque al final, quienes suben los costos de los exámenes son los mismos que después aplican las alzas del IPC en los planes", indicó.
"La mayoría de las isapres tiene clínicas y laboratorios. Entonces, puede que los insumos que llegan estén más caros, pero quienes entregan las prestaciones son los mismos. Por eso, si no estuvieran integrados, el IPC estaría menos contaminado", enfatizó.
Venta de medicamentos
Respecto de la apertura de la venta de medicamentos, la titular de Salud afirmó que "no tiene ningún sentido o justificación vender medicamentos en supermercados, porque lo único que hace es favorecer la automedicación. (...) A mí me parece que el medicamento no es un bien de consumo como cualquier otro. Entonces, creo que no debe venderse así, en el retail, no".
Para la ministra, "el tema es cómo complicar la compra de medicamentos, no facilitarla, porque hay demasiada automedicación", y asegura que "si pudiera complicarla más, la complicaría".
Molina argumenta que si la medida busca mejorar el acceso en lugares distantes de los grandes centros urbanos, no lo consigue, porque "donde no hay farmacias tampoco hay supermercados. Si no hay negocio para uno, tampoco para el otro, y ahí el Estado puede suplirlo, porque existen los almacenes farmacéuticos. Hay figuras distintas que se pueden utilizar".