Natalia Guerra abandonará el Hospital Psiquiátrico de Putaendo donde se encontraba recluida.
El MercurioSANTIAGO.- El Juzgado de Garantía de Quilpué rechazó este martes decretar el sobreseimiento definitivo de Natalia Guerra Jequier, la madre del menor sacrificado en el cerro Colliguay en un acto liderado por el fallecido líder de la comunidad, Ramón Castillo, autodenominado "Antares de la Luz".
Esto, luego de desestimar los argumentos de la defensa de la joven, encabezada por el abogado Claudio Pérez, quien basó sus fundamentos en la nula responsabilidad que le cabría a su representada en el delito de parricidio que le imputa el Ministerio Público -cuya pena va desde los 15 años y un día de presidio efectivo- por ser inimputable.
En la instancia, el defensor aludió a los informe del Servicio de Psiquiatría Forense de la Unidad de Imputados que concluyó que al momento de los hechos, la mujer se encontraba psicótica y con un cuadro de enajenación mental.
El análisis también diagnosticó que la imputada padecía de un "trastorno delirante compartido y trastorno de personalidad limítrofe con rasgos histéricos y narcisistas".
Por todo lo anterior, Pérez estimó que Guerra -quien hasta hoy se encontraba recluida en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo- no debería ser encausada por el Ministerio Público.
Tras el rechazo del tribunal, la defensa solicitó revisar las cautelares de su clienta y solicitó la sustitución de la prisión preventiva -que cumplía en un centro psiquiátrico- por arresto domiciliario total, requerimiento que fue aceptado por el magistrado.
Con esto, ahora sólo Pablo Undurraga se mantiene privado de libertad luego que el tribunal ordenara la libertad de los otro siete imputados en la causa que lidera el fiscal Juan Emilio Gatica.
Resolución clave
La resolución de este martes era clave para las decisiones que el resto de las defensas tomaría en relación a la causa con el objetivo de evitar llegar a un juicio oral y lograr alguna salida alternativa.
Sin embargo, aún quedan opciones para que los cinco imputados miembros de la agrupación -David Pastén, Josefina López, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas y Karla Franchy- que fueron reformalizados en enero por el delito de homicidio calificado en calidad de cómplices, cambiándoseles la calificación de autor que en principio les imputó la Fiscalía, puedan optar a algún procedimiento simplificado.
Por el momento, sólo Natalia Guerra y Pablo Undurraga -en caso de ser declarados culpables- podrían cumplir su pena privados de libertad.
Esto, porque la pena probable que obtendría el resto en caso de un veredicto condenatorio partiría de cinco años y un día de presidio, la que podría bajar en un grado si se considera la atenuante de irreprochable conducta anterior con la que todos cuentan.
Así, tanto Pastén, López, Álvarez, Vargas y Franchy arriesgarían un castigo de tres años y un día, que en cualquier escenario sería remitido, lo que les permitiría cumplirlo en libertad bajo vigilancia de Gendarmería.
Mientras, Francisca Ceroni -la última imputada y a quien el Ministerio Público investiga por homicidio calificado en calidad de encubridora- podría ser la primera en concretar un procedimiento abreviado.