Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Lunes 18 de noviembre del 2024 | Actualizado 19:03
SANTIAGO.- El abogado de ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett, Carlos Pérez, solicitó una serie de nuevas diligencias ante el inminente cierre de las indagatorias en el marco del denominado Caso Tsunami.
Según confirmaron a Emol fuentes que conocen la causa, el requerimiento fue presentado el miércoles 26 de marzo, cinco días antes de la audiencia programada para esta jornada en la que se pretende discutir un procedimiento simplificado para el ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, imputado por cuasidelito de homicidio en relación al deceso de 77 personas.
Dicha petición –en caso de ser aceptada por la fiscal jefe de la zona Occidente, Solange Huerta- podría retrasar el fin de la investigación tendiente a establecer las responsabilidades penales de los siete imputados que el Ministerio Público persigue por la fallida alerta de maremoto ocurrida luego del megasismo que afectó a la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010.
En su solicitud, el abogado Pérez pide información sobre la hora y lugar en que se constituye el Comité Regional de Emergencia del Biobío, los medios materiales y logísticos que disponía el centro de operaciones de emergencia habilitados en las tareas de coordinación de las operaciones de emergencia de la región, y la hora de llegada de cada uno de los integrantes tras el terremoto.
Asimismo, requiere establecer las horas de comunicación y los informes de situación entre el comité regional y la Oficina Nacional de Emergencia, además de los nombres de quienes emitieron informaciones al aire a través de las radioemisoras y los distintos medios nacionales dentro de las diez horas posteriores al terremoto.
Lo anterior, en base a su hipótesis que apunta a las responsabilidades que le cabrían a las autoridades locales y no nacionales en la fallida alerta, descartando de esta manera cualquier compromiso de su representado en los delitos imputados por el Ministerio Público.
Contraloría General de la República
Dichas diligencias fueron fundamentadas con un informe de auditoría realizado en la Intendencia de la Región Metropolitana por la Contraloría General de la República en el año 2012.
Éste establece que la obligación de la protección civil en situaciones de emergencia y catástrofe no radica en la Onemi ni en las autoridades nacionales del organismo, sino que en el Jefe de Emergencia de la Intendencia.
Es por ello que la defensa de Johaziel Jamett apunta a que al intendente del Biobío de la época es a quien le correspondían las decisiones de emergencia referentes a la protección civil, lo que debiese ser aclarado con los nuevos procedimientos requeridos por la parte querellada.
Incluso, y para completar el objetivo de dichas peticiones, es que además Pérez solicita la citación del Contralor General Ramiro Mendoza para que explique el porqué de su resolución respecto a traspasar las responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencia al COE Regional y al Intendente.
Hoy, en tanto, se espera que se concrete el primer juicio abreviado en la causa –en la que también son imputados Carmen Fernández y Patricio Rosende- instancia en la que Malfanti deberá aceptar los cargos imputados por el Ministerio Público a cambio de una rebaja en la pena, que en este caso correspondería a 541 días de pena remitida.
