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Santiago: Viernes 22 de noviembre del 2024 | Actualizado 14:16
SANTIAGO.- El ministerio de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga, solicitó este lunes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que realice una investigación sumaria para determinar cuáles son las responsabilidades de la empresa Aguas del Altiplano en la demora en la reposición del servicio de agua potable en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, afectadas por el terremoto la semana pasada.
La petición fue realizada durante una reunión que sostuvo el titular de la cartera, Alberto Undurraga, con la máxima autoridad del organismo fiscalizador, Magaly Espinosa.
En la ocasión, el secretario de Estado también pidió definir "un protocolo que obligue a los gerentes generales de las compañías de agua a hacerse presente rápidamente en la zona de catástrofe para facilitar las soluciones, ya que en este caso lo que hubo fue ausencia durante un espacio prolongado".
"Para estas dos primeras medidas hemos pedido un plazo de 10 días", puntualizó Undurraga, quien además solicitó en un plazo de 30 días "una fiscalización a todo el sector sanitario, de manera de establecer qué grado de respuestas hay en cada una de las empresas ante fallas eléctricas y cómo eso puede afectar la distribución de agua, de determinar que el grado de respuesta no es bueno, según la norma, de manera de asegurar que esto no se repita en el futuro".
"Las dificultades que se presentaron en gran parte tenían que ver con la falta de electricidad. Las empresas sanitarias tienen la obligación de tener sistemas de respaldo para permitir que cuando se corta la electricidad se reponga lo antes posible", precisó el ministro Undurraga.
Según el secretario de Estado, "tenemos la convicción de que hay un conjunto de comportamientos en el sector sanitario, fundamentalmente en la empresa sanitaria, que cubre tanto la región de Arica y Parinacota como Tarapacá, que si hubieran sido distintos, habría sido más rápida la respuesta en la reposición del servicio de agua potable después del terremoto".
"Así que tenemos una convicción de que hay algunos aspectos que tienen que cambiar, no sólo para esta empresa, sino que también para todo el sector sanitario", dijo.
En tanto, la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, explicó que "se inicia una investigación sumaria para determinar si los antecedentes dan lugar a la formulación de cargos".
"Las multas tienen que ver con el cumplimiento de estándares de calidad de servicio y de instrucciones otorgadas por la Superintendencia, de esta forma podremos, según lo que encontremos en esta investigación, establecer los niveles máximos de multas que pueden arriesgar", afirmó.
Espinosa agregó que "lo importante acá es que tenemos que avanzar en las respuestas del sector sanitario frente a eventos de esta naturaleza, Chile es un país sísmico y está enfrentado permanentemente a este tipo de situaciones. Se ha trabajado en Protocolos de Emergencia, pero estos protocolos tendrán que tener una segunda parte a raíz de la experiencia vivida en el norte y este plan de fiscalización nos permitirá dar cuenta de la respuesta efectiva de las empresas y el nivel de seguridad que tiene la población de este suministro básico en situación de emergencia".
