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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:26
SANTIAGO.- Jorge Luis Cabezón, el hermano del camarógrafo de TVN que murió tras la caída del CASA 212 en Juan Fernández -que dejó un total de 21 personas fallecidas- valoró la decisión de la Corte Suprema que este martes ordenó reabrir la causa, enfatizando que "este es un paso para comenzar nuestro legítimo duelo".
"Estoy tranquilo, sereno y asimilando todo con mesura", recalcó a Emol, agregando que "las dudas que nosotros tenemos, el máximo tribunal las entendió perfectamente bien y es tranquilizador".
Ahora, agregó Cabezón, "hay muchas diligencias que solicitar, como por ejemplo la declaración de los cinco oficiales superiores que tienen mucho que decir".
Lo anterior, en alusión al ex comandante del Comando de Combate, Luis Ili, al jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, Guillermo Castro, al ex comandante en jefe de la V Brigada Aérea, Julio Frías, al jefe del Estado Mayor de la V Brigada Aérea, Aldo Carbone, y al comandante del Grupo de Aviación número 8, César Pineda.
Todos ellos, por su presunta responsabilidad en los delito de homicidio culposo y de incumplimiento de deberes militares.
Cabezón también aseguró que tras el fallo, la verdad “podría estar más cerca”, siendo ésta "la única reparación posible".
"Mientras más cerca de ella estemos, aún mejor", dijo.
Esta tarde, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación sobre la tragedia del avión CASA 212 de la Fuerza Aérea tras acoger los recursos de casación interpuestos por los abogados querellantes Alfredo Morgado, Maximiliano Delgado y Cristián Arias.
El 21 de marzo del año pasado, la Corte Marcial confirmó por unanimidad la resolución del ministro Juan Cristóbal Mera, quien sobreseyó la investigación tras concluir que el origen del accidente fue que la tripulación perdió el control del avión por haberlo volado "a una altura peligrosamente baja", en medio de fuertes vientos y torbellinos.
Como las responsabilidades penales del piloto y la comandante del vuelo -tenientes Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández, respectivamente- se encuentran extinguidas con su muerte, el juez dictó el sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, los abogados que representan a los familiares de nueve de las víctimas recurrieron al máximo tribunal para revertir la decisión del ministro en visita.
