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Sename: Suprema critica informe de comisión y dice que Cámara excedió sus atribuciones

El pleno cuestionó las conclusiones de la instancia, las cuales determinaron la responsabilidad política del ministro Héctor Carreño, encargado del estudio que no fue entregado oportunamente a los jueces de familia.

21 de Abril de 2014 | 15:20 | Por Andrea González Schmessane, Emol.
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La vocera del máximo tribunal, Ana Gloria Chevesich.

Jorge Sepúlveda, El Mercurio.

SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema criticó este lunes el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las responsabilidades en la vulneración de derechos en dependencias a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), el cual concluyó la existencia de responsabilidades administrativas y políticas respecto a la no entrega del estudio que da cuenta de abusos en hogares y residencias de menores.


Según detalló la vocera del máximo tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, "la honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso del Poder Judicial".


Asimismo, en el Pleno Extraordinario realizado esta mañana los magistrados acordaron que la Cámara Baja procedió de manera "inconstitucional" al declarar anticipadamente la responsabilidad política del ministro Carreño, "sin seguir el procedimiento por la carta política".


"Así, se ha puesto al margen de los dictados de la Constitución Política de la República y ha emitido prejuicio sobre el fondo, lo que con miras al debido proceso garantizado por nuestra Constitución le significa la inhabilidad para conocer de cualquier iniciativa que tienda a efectuar igual pronunciamiento", reza el texto del acuerdo.


La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora presidida por René Saffirio (DC), respaldando el estudio que concluyó que existieron responsabilidades administrativas y políticas en la no entrega oportuna del "proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños y adolescentes en el sistema residencial de Chile", que daba cuenta de los abusos en hogares y residencias de menores a cargo del servicio.

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