el sacerdote Sebastián Navarrete es capellán de la FACh y párroco de una iglesia en avenida Las Condes.
La SegundaSANTIAGO.- El obispado castrense informó que inició una investigación previa sobre el sacerdote Sebastián Navarrete, del servicio religioso de la Fuerza Aérea, quien ha sido cuestionado por su participación en la venta del Colegio Apoquindo.
A través de un comunicado, se precisó que la investigación eclesiástica fue decretada el día 24 de marzo de 2014 por el obispo Juan Barros Madrid, ante una serie de informaciones que se recibieron.
Según se indicó, el objetivo de la investigación es "determinar o no la existencia de faltas o delitos a las obligaciones sacerdotales del presbítero Navarrete en lo relativo a la posesión y administración de bienes".
En el comunicado, monseñor Barros manifestó "su pesar ante las personas que se han visto afectadas por los hechos que se investigan y además expresó su confianza en que esta instancia pueda ayudar a esclarecer la situación para el bien de todos".
El sacerdote es capellán de la FACh (donde ostenta grado de coronel), párroco de una iglesia en avenida Las Condes y anota como actividad comercial el giro de "cultivo de trigo".
Su figura ha sido cuestionada luego que apareciera identificado en el documento de venta del establecimiento de Lo Barnechea por una suma de $ 8 mil millones al Colegio Mayflower.
De acuerdo a información publicada por La Segunda, luego de la transacción, concretada a principios de marzo, los querellantes en el caso por abusos sexuales que afectó al colegio lograron que la justicia -tras la condena impuesta en sede penal a dos de sus auxiliares y con miras a una solicitud de indemnización por estos hechos- impusiera una medida prejudicial precautoria que incluía la retención de unos $ 3 mil millones.
Las platas se encontraban en la notaría de Félix Jara Cadot, con instrucciones de ser entregadas al sacerdote Sebastián Navarrete, ex capellán del recinto educacional, una vez que él mostrara ante ese ministro de fe los certificados que acreditaban que el terreno ya estaba a nombre de los compradores.
Sin embargo, con la medida precautoria de los dineros, estos debían quedar retenidos a la espera de la resolución de una demanda civil por los abusos sexuales, tal como los querellantes anunciaron al juzgado que interpondrían. El tribunal, entonces, ordenó a un receptor judicial notificar la detención del pago pendiente, pero el día anterior el sacerdote ya había concurrido a mostrar los papeles, retiró los depósitos a plazo con parte de la suma cautelada y se los llevó.
Asimismo, el centro de padres del Colegio Apoquindo contrató un abogado para revisar legalidad de la venta. Acusan que la escritura de compra-venta fue firmada ante notario sin que se hubiera comunicado la situación a los directamente afectados.
Hasta ahora, Navarrete no ha podido ser ubicado para pedirle la devolución de los dineros, por lo que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago designó a la perito judicial y contadora auditora Janine Jorrat Leiva como interventora de parte de los dineros recaudados. Ella deberá ubicar esas platas e informar al tribunal acerca de la situación económica, bancaria, contable y financiera de la institución.
Navarrete llegó al colegio a fines de los 80 llevado por la entonces propietaria, María Eugenia Gandarillas. A partir de la década siguiente, su nombre figura en la constitución de al menos cuatro sociedades junto a ella.
Además, tiene a su nombre 13 propiedades por un avalúo fiscal total de $431,6 millones y cinco vehículos.