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Intendencia de Valparaíso se querella contra falsos damnificados que adquirieron bono del gobierno

Emelisa Sepúlveda (27) y Carlos Pérez (28) fueron detenidos tras protagonizar un escándalo al interior de un albergue cuando se encontraban en estado de ebriedad. Serán investigados por el delito de estafa.

24 de Abril de 2014 | 16:14 | Emol
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El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- El Intendente Regional de Valparaíso Ricardo Bravo interpuso este mediodía una querella por estafa contra las dos personas que simularon ser parte de los más de 11 mil damnificados del megaincendio que afectó los cerros de la ciudad, destruyendo cerca de 3 mil viviendas.


Esto, luego que se descubriera que Emelisa Sepúlveda (27) y Carlos Pérez (28) hicieron uso de un albergue donde recibieron alimentos y beneficios otorgados por el gobierno tras la tragedia.


De acuerdo a los antecedentes, los sujetos -ambos provenientes de Santiago- sorteando la fiscalización se introdujeron en el Gimnasio del Complejo Deportivo del Estadio O’Higgins donde recibieron alimentos y ropa, además de una gift Card de una multitienda que les permitió comprar dos poleras de Colo Colo, dos pares de zapatillas y buzos de marca por un monto aproximado a los $194.000.


Estas personas, según detalló el Intendente, han afectado la fe pública "toda vez que por un lado han logrado perturbar gravemente la regularidad y funcionamiento de los servicios públicos, como la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, y han usado los albergues destinados a los damnificados".


Dicho actuar fue calificado como "inmoral" por la autoridad regional, argumentando que se ha hecho mal uso de los bienes y recursos fiscales, agregando además que se trata de un aprovechamiento en medio de una tragedia "en que ha habido solidaridad, esfuerzo, sacrifico y empuje, además de un período de reconstrucción para levantar a las familias que lo han perdido todo".


Los sujetos, en tanto, serán investigados por la Fiscalía por el delito de estafa y según aclaró la abogada de la Intendencia regional, Caterina Valdevenito los denunciados se exponen a condenas de 5 años de cárcel.

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